La suspensión de concesiones a operadores privados de estaciones de servicio en Venezuela es un ejercicio de “autoritarismo” y “deslealtad” económica de parte del Estado, según expertos, que también prevén que la calidad del servicio en ellas se desplome.
Petróleos de Venezuela, Pdvsa, comunicó el sábado pasado a decenas de encargados de gasolineras en algunas ciudades del país, como Caracas y Valencia, que tienen un plazo de 72 horas para entregar los establecimientos a la empresa estatal, según reportaron la agencia Reuters y el diario digital venezolano Tal Cual.
El lapso vence mañana martes, según la notificación entregada por escrito a los operadores. No habrá indemnización del Estado, dice el informe.
“Pdvsa Petróleo podrá rescindir el contrato en forma unilateral y en cualquier momento sin hacerse responsable por daños y perjuicios ni por ningún otro concepto”, reza la misiva.
Se conoció de avisos similares en ciudades del oriente, centro y el occidente de Venezuela. Fuentes entendidas del procedimiento comentaron a la Voz de América, bajo condición de anonimato, que la decisión responde a la presunta violación de las normas impuestas por PDVSA a los operadores privados.
La información se revela cuando los despachos de gasolina subsidiada -la importada en mayo desde Irán- se hacen intermitentes en ciudades como Maracaibo y luego de un largo período de escasez del combustible, que coincidió con la cuarentena por la pandemia.
Luis Crespo, un economista, explica que el artículo 113 de la Constitución venezolana establece que el Estado podrá otorgar concesiones “por tiempo determinado” sobre la prestación de servicios de naturaleza pública, como, en este caso, la venta de gasolina.
“Esa sección ha permitido al régimen en los últimos años utilizarla como espada en contra de los prestadores de servicio”, expone el docente en conversación con la VOA.
El desalojo de los operadores privados constituye un irrespeto al derecho laboral de quienes por años administraron esas estaciones de servicio, opina.
Si bien el cese de concesiones no califica como tal, Crespo sí lo atribuye a una política de expropiaciones y estatizaciones de empresas y servicios “de todos los niveles” durante los últimos años, que, a su juicio, se matizó en 2019 mediante lo que llama “un viraje silencioso” en lo económico de parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
“Detrás de la decisión, hay autoritarismo, desconocimiento de los derechos económicos y una actitud desleal que genera unas condiciones poco claras para que los inversionistas puedan desarrollar su actividad”, expresa.
Decisión exigida
Omar Prieto, gobernador de Zulia, el estado más poblado de Venezuela, demandó en abril una medida similar a la comunicada este fin de semana por Petróleos de Venezuela.
Anunció entonces el arresto de 15 personas en la estación de servicio El Palotal, del municipio San Francisco, por venta ilegal de gasolina en la cuarentena por la pandemia. El encargado de la gasolinera estaba entre los detenidos.
“Toda estación que presente irregularidades solicitaremos que pase a manos de la gobernación del Zulia”, declaró ante la prensa el funcionario público, madurista.
Existen 1.680 estaciones de servicio en Venezuela. La mayoría es propiedad de empresarios privados, muchos de los cuales las han operado durante décadas como negocio familiar. Pdvsa, según Reuters, es dueña de 200 gasolineras administradas por compañías privadas bajo un esquema de alquileres y permisos especiales del Estado.
José Miguel Uzcátegui, economista de la Universidad Central de Venezuela, resalta que no existe información transparente sobre los criterios y condiciones bajo los cuales Pdvsa entregó concesiones de las estaciones de servicio afectadas, mayormente desde 1999.
“El grueso de esas concesiones se ha hecho en los últimos 20 años. Las concesiones tienen plazos distintos, son más casuísticas y dependen del volumen de operación. No es igual una estación de Caracas o Maracaibo que una en sitios de menor movimiento”, indica.
No espera que una actuación judicial pueda defender a los operadores perjudicados. A su entender, los jueces fallarán a favor del Estado y no de las empresas de servicio.
Uzcátegui Lima subraya que el cese de concesiones ocurre en un período de escasez de gasolina, de modalidad doble de precios del combustible -subsidiado e internacional- y cuando se acaba de modificar el sistema de pagos en las estaciones.
Para él, el decreto de Pdvsa es “arbitrario”. Estima que es “imposible” cumplir tal decisión en solo tres días en un escenario de pandemia y cuarentena social.
El docente universitario y asesor financiero no ve a la estatal petrolera venezolana en condiciones de sustituir a la empresa privada en los servicios de venta de gasolina.
“No hay expectativa de que esas empresas vayan a ser reemplazadas por gente que produzca. Eso va a ir en detrimento del servicio de suministro de gasolina”, dice.
Repunte estratégico
El madurismo, según el economista Crespo, moderó en los últimos dos años su política agresiva de expropiaciones. La resolución sobre las estaciones de servicio bajo dirección de privados, dice, marca el retorno a esa tendencia estratégica.
“Pareciera un repunte de las amenazas de expropiaciones y de quitar concesiones. La señal es muy negativa en un momento donde se requiere lo contrario”, señala.
Remarca que el chavismo y el madurismo acumulan una extensa lista de empresas expropiadas en Venezuela cuyas productividades colapsaron en manos del Estado.
“Es más que evidente que hay un fracaso de la gestión pública en la administracion de empresas, servicios y transporte”, asevera.
El experto en derechos económicos y sociales, al igual que Uzcátegui Lima, sospecha que Pdvsa entregará la administración de las estaciones de servicios involucradas en el cese de las concesiones a empresarios cercanos al madurismo.
“Hay en Venezuela toda una clase económica conformada gracias al dinero público, sectores económicos que son vinculados a la clase política, que andan en la búsqueda de mantenerse en el país por las sanciones internacionales”, argumenta Crespo.
