Las autoridades venezolanas han "fracasado" a la hora de implementar medidas para proteger su población, en especial a los trabajadores de centros de salud, mientras el número de contagios por la COVID-19 sigue incrementándose rápidamente, indicó un informe de Amnistía Internacional (AI).
La organización señala que aunque en la región es común ver las represalias contra los trabajadores de la salud, Venezuela es el único país donde están siendo encarcelados por denunciar las condiciones precarias en las que trabajan, los riesgos para su seguridad y la de los pacientes.
AI dice en un informe publicado esta semana que hasta la fecha "ha recibido información sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante la pandemia, incluidos muchos cuyo debido proceso ha sido violado al no ser informados de los cargos que se les imputan".
Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, señaló en un comunicado que "el gobierno (en disputa de Nicolás Maduro) está siendo totalmente irresponsable" y que las autoridades no tienen información "precisa" de las condiciones de los hospitales y han negado la cantidad de trabajadores de la salud fallecidos a causa del virus.
Condiciones precarias
La organización también denuncia que los trabajadores de la salud se encuentran completamente desprotegidos y expuestos sin equipo de protección personal (EPP), citando a la ONG local PROVEA.
"En los casos en los que se suministra EPP a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubrebocas durante períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces. También, ha habido alarmantes informes sobre delegados oficiales asignados a ciertos estados que visitan hospitales vestidos con equipo de protección completa, mientras las personas trabajadoras de la salud se quedan con muy poco equipo", señala AI.
![Pacientes en condiciones infrahumanas en el Centro Oncológico “Luis Razetti”, Caracas, Venezuela. [Foto: Álvaro Algarra/VOA].](https://gdb.voanews.com/6e82963a-8731-47b9-a3e6-32914f940db7_w100_r1.jpg)
A pesar de la donación de 20 toneladas de EPP para 31 hospitales, que hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en julio, el informe dice que hay 240 centros hospitalarios en Venezuela y que el personal de los lugar que recibieron las donaciones no informaron cambios en sus condiciones laborales tras la entrega.
La organización insta al gobierno en disputa a diagnosticar y evaluar las necesidades del país y reasignar para brindar los elementos de bioseguridad necesarios a estos profesionales.
"También debe asegurarse de que haya suficientes productos de limpieza y desinfectantes en los hospitales. Cerca de la mitad de los hospitales del país no tienen agua o sufren escasez de agua, y según las organizaciones de trabajadores, muchos de ellos no han sido desinfectados adecuadamente ni una vez durante la pandemia", expone.
Según la Federación Médica Venezolana (FMV), el 50% de los médicos venezolanos han salido de su país. Mientras los que se quedaron, sostiene AI, ganan entre 4 y 18 dólares mensuales y laboran en condiciones precarias.
"Según el grupo de la sociedad civil Monitor Salud, el 68% de 296 trabajadores sanitarios de la ciudad de Caracas encuestados entre marzo y junio llegaron al trabajo sin comida en el estómago para empezar con un su turno arduo", agrega AI.
Cifras dudosas
Amnistía Internacional dice que las cifras oficiales pueden ser dudosas, pues la organización señala que reunió información que indica que "el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de COVID-19 sólo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas, el doble de la cifra de la semana anterior".
Mientras que el gobierno en disputa de Venezuela informó ese mismo día "de sólo 1,148 nuevos casos de COVID-19 en todo el país el mismo 16 de agosto", señala la organización.
AI también pone en dudas las cifras sobre muertes de los profesionales de la saluda también es dudosa parra la organización, puesto que dice que la organización Médicos Unidos de Venezuela registró 71 fallecimientos, entre el 1 de julio y el 16 de agosto. De este total, 37 se produjeron en los primeros 16 días de agosto.
"Este total representa casi el 30% del total de muertes por COVID-19 reportadas por las autoridades en Venezuela, que son 288. Sin embargo, las autoridades no están desglosando las muertes por sector y muchas muertes de trabajadores de la salud no se cuentan en el registro oficial", expone AI.
Guevara-Rosas insistió en que los trabajadores de la salud no necesitan los aplausos que el gobierno en disputa de Venezuela ha pedido para ellos, sino "medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias".
