De acuerdo con el capítulo Venezuela del informe 2020-2021 de Amnistía Internacional (AI), durante el último año se intensificó la crisis continuada de derechos humanos que venía sufriendo el país, donde continuaron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, represión y persecución contra periodistas, defensores de derechos fundamentales y personal sanitario.
Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de AI, aseguró que dar cuenta de la “multiplicidad” de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela se ha vuelto un “desafío” y señaló que los “graves” patrones de persecución del gobierno de Nicolás Maduro no han dado “tregua” durante la pandemia.
“Todo lo contrario, vimos cómo decretos como el del estado de alarma sirvieron para justificar la continuación de esos patrones de represión”, dijo Jiménez.
“Es una política ya muy instalada y continúa siendo una realidad ahora con la excusa, pareciera una excusa perfecta la de la pandemia para detener en nombre de la salud pública”, agregó.
La defensora de derechos humanos manifestó especial preocupación en cuanto a la estigmatización de la que han sido víctima muchos venezolanos por parte de funcionarios del gobierno.
“Si algo hemos aprendido en la historia de la humanidad en las luchas contra las pandemias es que la estigmatización tiene el efecto contrario, no previenen, no ayudan, todo lo contrario, obligan a las personas que están siendo estigmatizadas a esconderse, a no buscar apoyo de sus familiares y amigos y pueden generar situaciones de riesgo para estas personas”.
En ese sentido, la defensora de derechos humanos cuestionó un video publicado por Luis Adrián Duque, alcalde del municipio Sucre del estado Yaracuy, en el occidente de Venezuela, donde se le ve colocando carteles que indican que la vivienda se encuentra en cuarentena preventiva por COVID-19.
“Familia en cuarentena preventiva” se puede leer en el cartel que como fondo tiene un símbolo rojo que denota prohibición.
“Protegiendo a nuestro pueblo, aquí indica (señalando al cartel) como tenemos un caso COVID o un caso sospechoso, es lo que indica para que nuestro pueblo esté alerta, la comunidad en general. La mejor vacuna es la consciencia que tenemos que tener en la lucha contra la pandemia”, exclama el alcalde rodeado de funcionarios de seguridad.
Luego de que el video se hizo viral, el fiscal general Tarek William Saab anunció que se inició una investigación penal contra el alcalde por, según escribió en su cuenta en Twitter, “de manera unilateral y al margen de la política del Estado venezolano para combatir la pandemia marcó macabramente las casas de pacientes que sufren COVID-19”.
“El Ministerio Público junto a la Defensoría del Pueblo actuó de manera conjunta para proceder a retirar los insólitos avisos colocados selectivamente en Yaracuy el día de hoy en las casas de dichos pacientes”, añadió.
Recientemente el canciller Jorge Arreaza aseguró que Venezuela no reconoce a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela a la que acusó de “inventar informes a distancia”.
En su primer informe, que se ha convertido en referencia para diversas Organizaciones No Gubernamentales, la misión concluyó que muchas de las violaciones a los derechos humanos se cometieron a “gran escala y constituyeron delitos de lesa humanidad”.
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