La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, prohibió convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y contra los poderes públicos.
La decisión del máximo tribunal del país, también rechaza aquellas actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico.
En el texto, introducido por la Procuraduría General de la República se solicitó al TSJ evitar que voceros de la Asamblea Nacional y otros actores políticos, emitan opiniones y convoquen a actividades que pretendan atentar contra la paz de la república, generar violencia y pérdidas humanas y materiales para la nación.
La medida contempla las movilizaciones hacia zonas declaradas de seguridad conforme a la Ley, y en las cuales funcionan los poderes públicos.
El presidente Nicolás Maduro respaldó la decisión y dijo que ha pedido al procurador general "que emita por favor un comunicado, para que haga explicaciones de estas decisiones que pone estas cosas en su justo lugar".
A este respecto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, señaló que es una contradicción que el máximo tribunal pretenda prohibirle al Poder Legislativo seguir adelante con su trabajo.
"¿A qué le tienen miedo? Si según ese tribunal nosotros estamos en desacato y nuestras decisiones no tienen validez ¿es que acaso ellos creen que nosotros con esas decisiones vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer? ¿En qué contribuye esto cuando nosotros más bien dimos un paso atrás para diferir el punto del presidente, para diferir una marcha, para darle una oportunidad al diálogo?", se preguntó Calzadilla.
