Aunque persiste un recelo sobre la posibilidad de acuerdos políticos, diversos sectores saludan que el gobierno venezolano y la oposición hayan firmado un pacto político sobre la creación de un fondo con recursos congelados en el exterior, que será manejado por la ONU para atender las necesidades más urgentes de Venezuela.
El fin de semana se reiniciaron en México los diálogos facilitados por Noruega entre un sector de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro que, 13 meses atrás, decidió suspender el proceso tras la extradición a EEUU del empresario colombiano Alex Saab, procesado por lavado de dinero proveniente de presuntos negocios corruptos con el gobierno venezolano.
El Foro Cívico, una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, saludó el trabajo de actores políticos nacionales e internacionales que hizo posible la firma del Acuerdo Social Humanitario como “signo” del reinicio del diálogo político con sede en México.
En un comunicado, el Foro Cívico, que durante meses estuvo abogando por el reinicio del diálogo, insistió en que es necesario enfocarse en el alivio inmediato del padecimiento de las personas.
“Al mismo tiempo, una mirada integral a la crisis obliga a atender aspectos de carácter estructural, relativos a la recuperación del andamiaje institucional de la Nación, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Eso requiere el fortalecimiento de reglas de juego democráticas, la restauración de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo un comunicado.
![De izquierda a derecha, el delegado de la oposición venezolana Gerardo Blyde Pérez, el canciller de México Marcelo Ebrad, el diplomático noruego Dag Nylander y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/09410000-0a00-0242-6534-08dacff6abc2_w100_r1.jpg)
La coalición de organizaciones de la sociedad civil subrayó que es necesario garantizar mecanismos transparentes de administración de los fondos destinados al Acuerdo Social.
“El monitoreo regular y la contraloría exhaustiva que permitan a los ciudadanos confirmar que esos recursos serán empleados eficazmente en las áreas a las que fueron destinados, será ingrediente esencial para concitar la confianza que todo proceso de negociación debe inspirar al país”, añadió.
El ex candidato presidencial Henrique Capriles reaccionó asegurando que “todo lo que implique una oportunidad para que los venezolanos vivan mejor, siempre será un motivo para encontrarnos”.
Capriles subrayó que el rol de los venezolanos convencidos de la necesidad urgente de cambio es “vigilar y exigir el cumplimiento del acuerdo”.
Nicmer Evans, precandidato presidencial de la oposición por el partido Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), expresó que sería positivo si se logra que los fondos beneficien a los venezolanos y dijo esperar que “por el bien” del país el acuerdo se cumpla, pero insistió en que “hay razones suficientes para dudar”.
Consultado por la Voz de América, Evans recordó que en los últimos años no se ha registrado un “verdadero” proceso de negociación que haya generado algún tipo de “redito” a la población.
“Estas negociaciones al final quedan entre los intereses del gobierno y de un sector de la oposición que forma parte de esta negociación, que no representa a toda la oposición y que pareciera no representar los intereses de todo el país y un gobierno que no es representativo de un país”, expuso el politólogo disidente del chavismo.
A juicio de Evans, la repercusión social no se medirá a corto plazo y resaltó que si no se da un resultado político concreto que implique acuerdos relacionados a un proceso electoral con condiciones democráticas, será “complicado” que haya credibilidad en la oposición.
Jorge Barragán, portavoz de asuntos internacionales del partido Alianza del Lápiz, considera que los consensos y los acuerdos para recuperar la institucionalidad en el país siempre serán “positivos”, pero estima que el diálogo es la “claudicación” de un sector de la oposición y carece de “legitimidad” porque la gran mayoría de venezolanos rechaza al gobierno y a la oposición tradicional.
“Tampoco están los sectores empresariales, tampoco están los diferentes sectores de la sociedad civil venezolana, así como la iglesia, como las academias. La utilidad de un encuentro como ese tiene que ser ante la gente y ante políticas que permitan cambiar la realidad del país”, dijo a la VOA.
La dirigente opositora María Corina Machado cuestionó los resultados de la mesa de diálogo.
“¿Qué puede salir de una mesa de negociación que en la práctica ha sido una mesa de extorsión? Una buena tajada para cada uno de los representados, incluyendo la ONU. ¿Quién representa allí a los venezolanos? Nadie. ¿Qué obtiene la gente? Nada”, escribió en Twitter.
Por su parte, el presidente Maduro dijo que el acuerdo abre paso a un nuevo capítulo en función de seguir avanzando hacia la “paz”.
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