Las autoridades venezolanas han expandido su arsenal de tácticas represivas al lanzar una “despiadada campaña” de allanamientos ilegales de morada contra los ciudadanos sospechosos de disentir del gobierno, asegura Amnistía Internacional en una investigación publicada el lunes.
Según el informe de Amnistía, los grupos locales de derechos humanos han recolectado información "de al menos 47 redadas y ataques contra zonas residenciales" en 11 estados del país entre abril y julio.
Las redadas coinciden con cuatro meses de manifestaciones callejeras a menudo violentas contra la administración socialista del presidente Nicolás Maduro, en las que murieron más de 120 personas, casi 2.000 resultaron heridas y al menos 5.000 fueron arrestadas.
De acuerdo al reporte “Noches de terror: ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela", fuerzas de seguridad venezolanas y grupos de civiles armados patrocinados por el gobierno han utilizado los allanamientos violentos de morada en los meses recientes como una manera de intimidar a quienes participan en manifestaciones u otras formas de protesta.
Los investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a más de 60 personas, cuyas casas habían sido allanadas o atacadas para elaborar el reporte.
“En Venezuela, no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirma Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas.
“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares”, agrega Guevara Rosas. “La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar”.
Según el reporte de Amnistía, los ciudadanos denunciaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno -conocidos como colectivos-, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.
Los allanamientos, según el reporte de Amnistía, suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.
El gobierno de Maduro frecuentemente atribuye las protestas a conspiraciones originadas en el exterior y secundadas por la oposición venezolana.
El informe de Amnistía dice que el grupo de derechos humanos buscó, pero no recibió, información de la fiscalía general venezolana sobre las denuncias presentadas por personas cuyas viviendas habían sido saqueadas.
La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció lo que llamó redadas arbitrarias. En agosto, fue destituida por la Asamblea Constituyente de Venezuela, una legislatura paralela que Estados Unidos y muchos otros países de la región consideran fraudulenta. Ortega ha huído del país y se encuentra en Colombia.
A principios de este mes, Ortega le dijo a la organización alemana de noticias Deutsche Welle, que había suficiente evidencia de abusos de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ella también señala que tiene evidencia de corrupción en el gobierno.
