El Ministerio Público venezolano informó sobre la medida de preventiva de libertad para la expareja del concejal venezolano Edmundo “Pipo” Rada, quien fue encontrado incinerado y con disparos a mediados de octubre y la oposición asegura se trata de un asesinato político, por su presunta vinculación con la muerte.
A través de un comunicado publicado el martes, la fiscalía venezolana asegura que, en la mañana del 16 de octubre, Rada fue a la casa de su excompañera Tibisay Pérez y discutió con la actual pareja de Pérez, Anderson Dávila, quien le disparó.
Mantuvieron el cadáver allí hasta el día siguiente, relató la fiscalía, cuando Dávila y otras cuatro personas lo llevaron hasta la zona abandonada donde fue encontrado.
Detallan que Pérez fue detenida el pasado 22 de octubre y fue imputada como presunta cómplice no necesaria de homicidio intencional.
El pasado viernes, el ministro de Interior, Néstor Reverol, afirmó que ya habían esclarecido el caso y presentó el crimen como uno pasional. En ese momento, indicó que se encontraban buscando a Dávila, quien tendría antecedentes por secuestro, y sus cómplices.
CIDH expresa preocupación
Este mismo martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado expresando su preocupación por el caso de Rada, asegurando que “encuadra dentro de un patrón de persecución, hostigamientos, amenazas y agresiones” contra la oposición venezolana.
El organismo pide a las autoridades venezolanas realizar una investigación “seria, imparcial y efectiva”. Aseguran que tras años de seguimiento a la situación venezolana han podido “corroborar de manera consistente la existencia de un clima de persecución contra dirigentes de la oposición”.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien denunció la muerte como “un asesinato del régimen”, se hizo eco del comunicado de la CIDH. En su cuenta de Twitter, aseguró que “seguiremos llevando adelante su lucha, que es la de toda Venezuela, con la firme convicción de hacer justicia”.
