El Parlamento venezolano llamó a una rebelión popular y a la presión internacional al denunciar un “golpe de estado” del gobierno, tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
En una tensa sesión, brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución final “una ruptura del orden constitucional” cometido “por el régimen” de Maduro.
De igual manera resolvió “convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa de la Carta Magna hasta lograr la restitución del orden constitucional”, tal como lo afirmó el presidente del parlamento, Henry Ramos Allup.
"Lo curioso es que quienes están incurriendo en un golpe de Estado continuado, quienes violan la Constitución son ellos, y para disimular nos acusan a nosotros de hacer lo que están haciendo", afirmó Ramos Allup.
"En primer lugar, no puede tratarse de un golpe de estado los esfuerzos sobrehumanos, titánicos, precisamente para que se respete la Constitución, la separación de poderes, la autonomía del poder judicial, para que no se judicialice la protesta ni la disidencia, para que no hayan presos políticos, etc", agregó.
Por su parte, el jefe de la bancada del gobierno, Héctor Rodríguez, dijo que los diputados de la Unidad, en 10 meses, no han hecho absolutamente nada y destacó que en la AN que no saben qué hacer con el poder que le otorgó el pueblo.
"Tenemos unos diputados de oposición que han echado a perder esta Asamblea Nacional, que no saben que hacer con el poder que el pueblo les entregó el 6 de diciembre como lo manda la Constitución, si no que repiten los mismos errores, errores de desacato, errores de desconocimiento, a la Constitución, de desconocimiento a los poderes que están en esta Cconstitución", dijo el diputado Rodríguez.
La Asamblea también decidió abrir un juicio político contra el presidente Maduro.
La declaración de rebeldía se basa en el artículo 333 de la Carta Magna, aprobada en 1999 e impulsada por el gobierno de Hugo Chávez.
Mientras se discutía dentro del hemiciclo, militantes del chavismo asaltaron la sede del Parlamento, ubicada en el centro de Caracas, e interrumpieron de forma violenta la sesión especial en la que se debatía el tema.
Los hechos se precipitaron a partir del jueves 20 de octubre. Ese día, cinco tribunales penales de distintas regiones del país ordenaron suspender la recolección de firmas para activar un referendo revocatorio contra Maduro.
El argumento de los tribunales fue la de recibir denuncias de presunto “fraude” elevadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En cuestión de horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acató la decisión judicial, suspendió la jornada que se desarrollaría del 26 al 28 de octubre y, en la práctica, liquidó la posibilidad de que el plebiscito se lleve a cabo este año.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige que la consulta se celebre este año. Si la votación se realiza antes del 10 de enero de 2017, y el Jefe de Estado resulta derrotado, en un mes se convocaría a comicios presidenciales para llenar la vacante.
En cambio, si el revocatorio se efectúa después de esa fecha y el mandatario venezolano pierde, inmediatamente asumiría el Vicepresidente de la República para completar el período hasta 2019. Es decir, Maduro saldría del palacio de Miraflores, pero el chavismo conservaría el poder.
