Los obispos y arzobispos venezolanos reunidos en la Conferencia Episcopal de la nación emitieron un “mensaje urgente” a los católicos y “personas de buena voluntad” en Venezuela, para en nombre del papa Francisco, invitar a buscar soluciones urgentes "en paz y concordia entre todos".
El documento, que utiliza pasajes de la Biblia para reflejar la preocupación de la iglesia por el pueblo; destaca el hambre, la falta de garantías de salud, la dificultad para adquirir medicinas, y la inseguridad aunadas al sufrimiento de los venezolanos.
Dice que en el país “se percibe de manera muy clara cómo la violencia ha adquirido un carácter estructural", detalla la “represión irracional”, la “dolorosa” cuota de muertos y heridos, los daños a las viviendas, las persecuciones y la "desatención frente a las necesidades básicas".
Atribuye a la represión oficial “en ocasiones” las respuestas violentas que contribuyen al clima de tensión y anarquía con peligrosas consecuencias. Califica de “terrible” la actual escalada de violencia y dice que la detención de jóvenes por disentir con el gobierno “agrava más la situación”.
Menciona las denuncias sobre torturas y maltratos, los detenidos "arbitrariamente procesados por la justicia militar" en violación a la Constitución y las leyes, y su encarcelamiento en prisiones de máxima seguridad "como si fueran peligrosos delincuentes", o en instalaciones militares y lugares insalubres "en condiciones infrahumanas".
Habla del menosprecio a la dignidad humana "expresada en la violación y negación continua de los derechos humanos" por parte de las autoridades.
Señala la actuación de grupos paramilitares ilegales en muchas comunidades e instituciones, "que actúan bajo la mirada complaciente de las autoridades", dando como ejemplo el ataque a la Asamblea Nacional el 5 de julio; y reprocha a la Guardia Nacional Bolivariana, recordándole que su misión es brindar seguridad al recinto y a los diputados. “No debe permitir ataques de grupos irregulares”, dicen los jefes de la Iglesia Católica venezolana.
La Conferencia Episcopal de Venezuela dice que “es hora de un cambio de rumbo en la orientación política del gobierno” y culpa por la profundización de la crisis a la decisión del Gobierno de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que dice “es cuestionada y rechazada por la mayoría del pueblo venezolano”.
En este punto, cita el Artículo 5 de la Constitución Bolivariana, según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”.
Los obispos y arzobispos de Venezuela afirman que la Constitución ha sido nuevamente violada y denuncian la participación en ello del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral(CNE) por “avalar lo que propone el Ejecutivo” sin tener en cuenta los principios básicos de la democracia participativa.
Aseguran que el proceso de la Constituyente pretende imponer al país "un régimen dictatorial", dicen que su conformación bajo “bases comiciales sectoriales sin asidero jurídico” viola el derecho de todos a elegir y ser elegidos y el principio constitucional de la representación proporcional de la población según su distribución territorial.
Acusan que la Asamblea Nacional Constituyente tendría “un poder supraconstitucional” cuyo propósito es “eliminar los actuales órganos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional, elegida legítimamente por el pueblo”.
Apuntan que la Constituyente no establece límite al ejercicio de sus funciones, ni extensión de tiempo, dejando entrever que busca “instaurar un Estado socialista, marxista, y militar” con la desaparición de la autonomía de poderes, especialmente el legislativo.
Y califican como una provocación que el Gobierno haya convocado para el 16 de julio, el mismo día que la Asamblea Nacional ha llamado a una consulta popular “que goza de toda legitimidad”, a un simulacro de votaciones en algunos centros electorales de la nación, que puede generar lamentables conflictos.
Los líderes católicos de Venezuela dicen que como pastores de la Iglesia se hacen eco del clamor de la mayoría del pueblo para elevar su voz y exigir al gobierno que retire la propuesta Asamblea Constituyente y facilite la realización de elecciones como establece la Constitución Bolivariana.
Piden reconocer la autonomía de los poderes públicos, abandonar “la represión inhumana” de las manifestaciones, desmantelar y sancionar a los grupos armados, liberar a todos los privados de libertad por razones políticas, buscar solución a los “gravísimos problemas” de la gente, y permitir la apertura de un canal humanitario que traiga medicinas y alimentos a los más necesitados.
A las Fuerzas Armadas, les piden cumplir con su deber de estar al servicio de todo el pueblo en el respeto y garantía del orden constitucional y no simplemente del régimen.
A los dirigentes políticos, les instan a comprometerse solo con el pueblo y nunca en la búsqueda de sus propios intereses.
A las instituciones educativas y culturales les exhortan a crear conciencia política y elevar el nivel sociocultural de los ciudadanos.
La Conferencia Episcopal venezolana se compromete a seguir acompañando al pueblo, pide a los fieles actuar bajo los criterios del Evangelio y la doctrina social católica y contribuir a la recuperación de la nación, al tiempo que alienta "a todo esfuerzo a favor de la paz y la convivencia", y manifiesta apoyo a los jóvenes y estudiantes que defienden con sus vidas la libertad y la Constitución.
A los fieles católicos invita a solidarizarse con los que pasan hambre, necesidad y desconsuelo, y anuncia para el viernes 21 de julio una Jornada de Oración y Ayuno para pedir la bendición de Dios a los esfuerzos de los venezolanos por la libertad, la justicia y la paz.
La Conferencia escribió el 7 de julio una carta al presidente Nicolás Maduro en la que le pedía reconocer la autonomía de los poderes públicos y retirar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.
