La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó una ley para inhabilitar a los partidos y organizaciones políticas que promuevan el "odio" en el país, prohibiéndole, de esta manera, participar en elecciones en caso de que incurran en delitos de intolerancia y "fascismo".
La medida fue aprobada el miércoles y es parte de la "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia", que fue votada por unanimidad y entrará en vigor una vez que sea publicada en la gaceta oficial.
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, indicó que la ley contempla no sólo castigos contra quienes promuevan el odio, sino la obligatoriedad de que los medios y las redes sociales retiren estos mensajes y promuevan la tolerancia.
"Esta es la ley lo que promueve es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país", dijo Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano.
Agregó que es una ley promueve la intolerancia en Venezuela y absolutamente contraria a los valores de los venezolanos.
Se trata de una ley que busca sembrar el odio a los medios de comunicación, a los periodistas, a las redes sociales y a los ciudadanos, al igual que a los movimientos politicos a los que castiga con la legalización.
La ley prohíbe el uso de la televisión, la radio y las redes sociales para propagar la violencia y el odio, y requiere que los medios públicos y privados promuevan mensajes de paz al menos 30 minutos a la semana.
Los críticos del gobierno socialista de Maduro han denunciado la ley, calificándola de censura y como parte de una constante erosión de las normas democráticas.
Estados Unidos ha incrementado la presión para restaurar esos derechos, anunciando el jueves 9 de octubre sanciones para 10 funcionarios actuales y pasados del régimen, por "socavar los procesos electorales, la censura de la prensa, o la corrupción en los programas de alimentos administrados por el gobierno en Venezuela".
ICFJ: Una ley muy restrictiva
Luis Botelló del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), dijo que es la Ley contra el Odio, es "una ley definitivamente restrictiva a la libertad de expresión, sobretodo porque hace muy difícil que el ciudadano común pueda opinar o comentar sobre la situación actual que vive el país".
Botelló cree que la nueva ley puede promover "mucho más censura de la que ya existe", limitar que el ciudadano se sienta libre, y llevar a "una situación de mayor violencia, porque la gente no se siente con libertad de expresar sus opiniones, lo que vé, o escucha".
HRW: Importante enviar un mensaje claro
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció la nueva ley venezolana en su cuenta de Twitter, el jueves.
Tamara Taraciuk, investigadora de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo que la nueva ley "refuerza la necesidad necesidad de cuestionar y criticar al gobierno, en Venezuela y fuera de Venezuela".
Indicó que la reacción internacional ha sido tardía, pero empieza a ser más fuerte como indican las sanciones impuestas por países como Estados Unidos y Canadá a funcionarios venezolanos.
"El próximo paso, y lo que es indispensable", agregó la investigadora de HRW, es que "continúe la presión internacional multilateral específicamente a través de la imposición de sanciones dirigidas a funcionarios venezolanos, que incluyan por ejemplo la cancelación de visas, el congelamiento de los bienes".
"Eso es muy importante para que el mundo siga enviando un mensaje claro de que estos abusos, incluyendo estas normas absolutamente restrictivas, no van a ser toleradas", dijo Taraciuk.
