En las cárceles venezolanas actualmente hay una mayor cantidad de personas con procesos que condenadas (con sentencia final), refleja el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que señala que las “irregularidades” en ese sentido se han incrementado en los últimos cinco años.
“Dentro de las prácticas más recurrentes notamos que una vez la persona es privada de libertad, el inicio de su proceso mediante audiencia preliminar se retarda por actos de incompetencia judicial”, dice el informe correspondiente a 2021, que expone cómo la opacidad de la información oficial “complica la obtención de datos precisos”.
Carolina Girón, directora del OVP, detalla que uno de los principales problemas de la población reclusa es el retraso procesal y resalta la “desnaturalización e incompetencia del poder judicial”.
“Un 54 % de la población está bajo proceso judicial, todavía no ha sido probada la culpabilidad en los delitos de estas personas, por lo tanto su inocencia está presumida como principio general”, dijo durante la presentación de “La crisis del sistema penitenciario, un reflejo del abandono del Estado”.
Girón advirtió que han detectado casos de personas que, “una vez que han sido condenadas, el tiempo que han pasado en prisión es mayor a lo que constituía la pena por el delito que cometieron”.
En el informe, el OVP insistió en que el hacinamiento, la desnutrición, la falta de atención médica y la corrupción, entre otros, son otros de los problemas que enfrentan los reclusos en las cárceles venezolanas, que registran una sobrepoblación de 47 %.
“El hacinamiento se ubicó en un 159,09 %. Esto significa que Venezuela tiene una capacidad instalada para 21.000 presos, la población a diciembre era de 33.000. Se han cerrado 10 centros penitenciarios desde 2002 hasta diciembre de 2021, esos cierres significan una disminución de la cantidad de plazas en 5.000, que aun cuando estuvieran abiertos seguiríamos en la misma situación de hacinamiento crítico”, precisó Girón.
En 2021, la organización defensora de derechos humanos contabilizó 90 muertes por “situaciones de salud”, como tuberculosis y desnutrición, y denunció “el continuo incumplimiento del Estado venezolano frente a los derechos humanos de las personas en prisión”.
A mediados del año pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que es necesaria una “revolución judicial” que garantice cambios estructurales a través de reformas y nuevas leyes. Posteriormente, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según los legisladores, busca transformar el sistema judicial.
Según una nota de prensa divulgada en abril, la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, resaltó que la institución que preside sigue llevando a cabo un plan estratégico para asegurar a los reclusos “una formación social, empleando una serie de políticas públicas, con acciones concretas e innovadoras aplicadas en todos los establecimientos penitenciarios”.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
