La concentración de poder que ostenta el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha provocado un serio daño a los derechos humanos de ese país, según indica el informe de Human Rights Watch “Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”, publicado este martes.
“La acumulación de poder en el Ejecutivo, la remoción de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de derechos humanos han dado rienda suelta al gobierno de Chávez para intimidar, censurar y perseguir a los venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política”, denuncia Human Rights Watch en el informe, que consta de 133 páginas.
Según asegura el texto, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia “han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes”, al declarar públicamente su compromiso con la agenda política del presidente venezolano.
Respecto de la libertad de expresión, el informe señala que el gobierno ha procurado sancionar o censurar a aquellos medios que publican contenidos críticos a ciertas políticas del gobierno. También se han censurado avisos políticos en defensa de la propiedad privada y otras producciones televisivas.
“Si bien todavía es habitual que la prensa escrita, Globovisión y algunos otros medios critiquen fuertemente al gobierno, el temor a sufrir represalias por parte del gobierno ha llevado a que la autocensura se convierta en un serio problema en el país”, indica el informe. Y aunque Human Rights Watch destaca el impulso que Chávez ha dado a las radios comunitarias, asegura que incluso esta iniciativa ha sido utilizada con fines “claramente partidarios”.
El informe también asegura que el gobierno venezolano ha procurado intensamente desacreditar a las ONG defensoras de derechos humanos, a las cuales acusa de recibir financiamiento de Estados Unidos para socavar la democracia local. Si bien es cierto que algunas organizaciones han recibido fondos estadounidenses –y, principalmente, de países europeos– no hay pruebas de que su trabajo se haya visto comprometido debido a la procedencia de ese financiamiento.
“Hoy en día, el sistema se encuentra firmemente en pie, y los riesgos que enfrentan jueces, periodistas y defensores de derechos humanos nunca han sido tan serios desde que asumió Chávez”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El informe es publicado cuando faltan menos de tres meses para las elecciones en Venezuela, en las que Chávez, quien está en la presidencia desde 1999, postula a la reelección por otros siete años.
“La acumulación de poder en el Ejecutivo, la remoción de las salvaguardas institucionales y la erosión de las garantías de derechos humanos han dado rienda suelta al gobierno de Chávez para intimidar, censurar y perseguir a los venezolanos que critican al presidente o frustran su agenda política”, denuncia Human Rights Watch en el informe, que consta de 133 páginas.
Según asegura el texto, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia “han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes”, al declarar públicamente su compromiso con la agenda política del presidente venezolano.
Respecto de la libertad de expresión, el informe señala que el gobierno ha procurado sancionar o censurar a aquellos medios que publican contenidos críticos a ciertas políticas del gobierno. También se han censurado avisos políticos en defensa de la propiedad privada y otras producciones televisivas.
“Si bien todavía es habitual que la prensa escrita, Globovisión y algunos otros medios critiquen fuertemente al gobierno, el temor a sufrir represalias por parte del gobierno ha llevado a que la autocensura se convierta en un serio problema en el país”, indica el informe. Y aunque Human Rights Watch destaca el impulso que Chávez ha dado a las radios comunitarias, asegura que incluso esta iniciativa ha sido utilizada con fines “claramente partidarios”.
El informe también asegura que el gobierno venezolano ha procurado intensamente desacreditar a las ONG defensoras de derechos humanos, a las cuales acusa de recibir financiamiento de Estados Unidos para socavar la democracia local. Si bien es cierto que algunas organizaciones han recibido fondos estadounidenses –y, principalmente, de países europeos– no hay pruebas de que su trabajo se haya visto comprometido debido a la procedencia de ese financiamiento.
“Hoy en día, el sistema se encuentra firmemente en pie, y los riesgos que enfrentan jueces, periodistas y defensores de derechos humanos nunca han sido tan serios desde que asumió Chávez”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El informe es publicado cuando faltan menos de tres meses para las elecciones en Venezuela, en las que Chávez, quien está en la presidencia desde 1999, postula a la reelección por otros siete años.
