El gobierno de Venezuela salió en defensa de sus políticas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde organizaciones no gubernamentales han denunciado graves violaciones de los derechos humanos y falta de libertad de expresión en la nación suramericana.
El martes 11 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos recibirá el informe final sobre los DDHH en Venezuela compilado por un grupo de tres relatores de Naciones Unidas -constituido por Guatemala, Burkina Faso y República Checa- y la delegación venezolana.
El documento expresará cuáles fueron las recomendaciones hechas por el Examen Periódio Universal que Venezuela aceptará, cuáles rechazará y cuáles serán sometidas a consulta a los organismos estatales.
El Examen Periódico Universal (EPU), presentado el pasado 7 de octubre, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se vigila el cumplimiento de los derechos humanos de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU.
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien viajó a Ginebra para asistir a la presentación del Examen Periódico Universal, defendió el historial del gobierno en materia de derechos humanos y dijo que Venezuela no aceptará ninguna recomendación que “vulnere” la Constitución del país.
La presidenta del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Laura Dupoy, dijo que la adopción de las propuestas es un compromiso político que cada Estado debe asumir, pero también es un acto soberano, según la Agencia Venezolana de Noticias.
“Esperamos que sea un proceso provechoso para todo el país y el pueblo venezolano”, dijo Dupoy, según citó AVN.
Preocupación por DDHH en Venezuela
Delegados de varios de los 60 países y organizaciones participantes, entre ellas Venezuela Awareness Foundation, expresaron en el Consejo preocupaciones por el deterioro de los derechos humanos y el sostenido debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela.
Objeto de especial señalamiento han sido la falta de independencia del poder judicial en Venezuela, que según numerosas denuncias abre el camino a la persecución política de todo el que piense de manera distinta al gobierno.
Como ejemplo fueron citados el arbitrario encarcelamiento sufrido por la jueza María Lourdes Afiuni, la adopción de leyes que criminalizan la libertad de expresión y favorecen la censura a los medios de prensa, y la persecución de periodistas.
También la debilidad del estado de derecho que se refleja en la alta tasa de crímenes que registra Venezuela, los elevados índices de impunidad, y la grave situación en las cárceles, donde los presos viven hacinados y se producen regulares brotes de violencia con unos 400 muertos todos los años.
Ante el Consejo fueron mencionadas además ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de funcionarios venezolanos, la falta de garantías a la integridad, el derecho a la vida, la trata y esclavitud de niños y la no ejecución de sentencias de instancias internacionales.
La fundación Venezuela Awareness presentó un informe sobre la falta de imparcialidad del Poder Judicial, los perseguidos, torturados y presos políticos, y recomendó la visita al país del Relator sobre Independencia de Jueces y Abogados, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias así como del Relator de la ONU sobre la Tortura.
