Organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales advierten: la biodiversidad venezolana y sus parques naturales avanzan hacia una muerte asistida debido a la acción del hombre.
Derrames petroleros por el desmantelamiento y falta de inversión de la estatal PDVSA, y la deforestación sin control debido a la expansión de la minería ilegal, serían las principales causas, pero no las únicas.
A ellos hay que sumarles “la extracción y deforestación a causa de la ausencia de gas en las casas, que no han tenido otra opción que regresar a talar y utilizar madera para cocinar. Y la transformación de terreno para dárselos a trasnacionales, a otro país como Vietnam para producir arroz en zonas que son nuestros mejores suelos y sirven para otro tipo de producción”, asegura Vilisa Morón, presidenta de la sociedad venezolana de ecología (SVE), en conversación con la Voz de América.
Según un reciente estudio del Centro de Estudios Estratégicos, CSIS, con sede en Washington DC, estas prácticas estarían causando lo que califican como una “catástrofe medioambiental” en Venezuela.
“Desde 2016 que se decreta el arco minero prácticamente ha sido una luz verde para realizar minería no solo en las áreas decretadas, que siguen siendo el norte del Orinoco, sino en todo el sur, en todo el estado Amazonas, Bolívar, incluyendo áreas protegidas y riveras de ríos. La devastación en las áreas protegidas va casi por 4.000 hectáreas”, denuncia Morón, quien además es coordinadora de la iniciativa Sur del Orinoco.
De acuerdo con el estudio, solo la contaminación por quema de petróleo estaría arrasando a una velocidad de 10 millones de metros cúbicos de metano a la atmósfera por día. Mientras que la contaminación por mercurio sería plenamente visible en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, donde asegura el organismo, que grupos fuera de la ley controlan el negocio del oro.
Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, lleva años luchando contra los efectos de la minería ilegal en Venezuela.
“Cualquier ciudadano puede ver las imágenes satelitales y ver los derrames que están ocurriendo desde hace ya años en toda esta zona donde la pesca es impresionante, los corales son impresionantes, los manglares son increíbles, y nadie dice nada”, asegura.
Pero no solo los parques naturales estarían bajo seria amenaza, sino también sus poblaciones indígenas.
Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la actividad minera estaría causando un impacto más allá del medioambiental, denunciando lo que califica como “graves abusos de los derechos humanos asociados con la extracción, transporte o comercio de minerales, como las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzoso, tratos degradantes, tortura y violencia sexual generalizada”.
Una situación, que desde SOS Orinoco, aseguran que está creando una división dentro de los pueblos indígenas "entre los pro-mineros y los anti-mineros, los indígenas que consideran que la única opción de supervivencia es ir a trabajar a las minas y los que vienen a ser los abuelos y la gente mayor, que consideran que ir a la mina es un riesgo y que va en contra de sus tradiciones indígenas”, explica Burelli.
Mientras hectáreas de zonas protegidas siguen cayendo víctimas de la acción del hombre, estimaciones de la OCDE indican que solo la producción de oro en Venezuela podría llegar a las 75 toneladas a finales de este año. Una cifra que a precio de mercado supondría unas ganancias de 4.400 millones de dólares.
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