El cerco contra la libertad de prensa en Venezuela continúa estrechándose, como consecuencia de una política de Estado que ha “reducido” el ecosistema de medios en el país, coinciden defensores de derechos fundamentales que consideran, además, que la comunidad internacional ha sido “tolerante” ante el avance de regímenes autoritarios en la región.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, subraya que informar e informarse en Venezuela “tiene costos”.
“Costos en el sentido de que poder informar en Venezuela implica probablemente la posibilidad de que te puedan castigar o te puedan molestar por lo que hayas hecho, por la difusión de una información… e informarse implica que tienes que tener herramientas, esfuerzos para informarte, VPN, ver la manera cómo te enteras de la información. Eso, básicamente, es por la política estatal”.
De acuerdo con Espacio Público, el poder judicial se ha utilizado para hostigar a periodistas y medios y, en los últimos dos años, la denominada Ley contra el Odio ha “reducido” la posibilidad de expresarse con libertad.
“Las penas que se le aplican a una expresión de odio o pretendida expresión de odio son más duras que la que se aplicaría a un homicida. Entonces tú tienes una distorsión y se le ha aplicado a quién, a gente que distribuye información por grupos de WhatsApp, gente que distribuye información por redes sociales”, afirma Correa.
Ante la extinción de medios tradicionales independientes, los medios digitales se han vuelto clave para que los ciudadanos puedan mantenerse informados; pero desde 2018, la censura en el espacio digital, puntualmente contra páginas criticas al gobierno, es cada vez más frecuente y ha ido evolucionando, explica Andrés Azpúrua, director de “Ve Sin Filtro”.
“Ha ido empeorando con el tiempo, lo más reciente fue el bloqueo de cuatro dominios de distintos portales de noticias. Esto no solamente ocurrió en CANTV, el proveedor del Estado, sino proveedores privados también. Esto suele ocurrir por ordenes de CONATEL… sale de forma ilegal, suele ser de facto, nunca es con transparencia y nunca bajo orden judicial”, expone.
Tras una orden de embargo, la sede del diario El Nacional, ahora es propiedad del diputado chavista Diosdado Cabello.
Un fallo del poder judicial ordenó pagar a Cabello casi 14 millones de dólares en indemnización por daño moral, tras demandar al medio de comunicación por replicar un reportaje del diario ABC de España que lo señalaba de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según Juan Garantón, abogado del medio de comunicación, el proceso es considerado “inverosímil” e “injusto”.
“¿Cómo es posible que una empresa que dio una noticia… por haber dado una noticia se entregue en plenitud, deja de existir, esto se acabó, te quito las instalaciones, te quito un metraje que son más de 16 mil metros cuadrados, más de hectárea y media, 9.000 metros cuadrados de construcción por haber dado una información… Realmente es como descabellado”, manifestó a VOA.
A pesar de que un tribunal le adjudicó las instalaciones de El Nacional, Cabello advirtió recientemente en su programa de televisión de los miércoles, transmitido a través del canal del Estado, que podría tomar nuevas acciones.
“Ahora me provoca ir por la página porque me debes, con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy por la página, creo. La conclusión es que todavía me debes, ¡pillo! Que te gusta utilizar los medios para desacreditar a las personas, pero no te gusta asumir tus responsabilidades”, dijo Cabello.
Los problemas del diario con casi 80 años de historia empezaron seriamente en 2014 cuando, según denuncias de su dueño, Miguel Henrique Otero, el Estado obstaculizó el acceso al papel periódico, al punto que su versión impresa dejó de circular en 2018.
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