Tecnológicamente, el sistema electoral de Venezuela regido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido frecuentemente reconocido como uno de los mejores del mundo, pero este domingo, cuando se realicen las elecciones presidenciales, el sistema y sobre todo el Consejo serán señalados nuevamente por intentar legitimizar unos comicios que no son reconocidos por más de 40 naciones en el mundo.
Es el CNE que dirige Tibisay Lucena, aliada incondicional del presidente Nicolás Maduro y su Partidos Socialista Unido de Venezuela, cuyo papel, en palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, “ha sido instrumental en el derrumbe institucional” de Venezuela: avaló en 2017 la convocatoria a una Asamblea Constituyente “ilegítima, inconstitucional y fraudulenta” y ahora en 2018, avala la elección presidencial cuyo objetivo claro es reelegir por un período más al presidente Nicolás Maduro.
El CNE no es solo Lucena; está integrado por cinco miembros denominados rectoras o rectores electorales que deberían ser elegidos por la Asamblea Nacional y que según la Constitución, no deberían tener vinculación alguna con agrupaciones políticas.
Pero desde 2005, aún en tiempos de Chávez, es el Tribunal Supremo de Justicia el que elige a los rectores del Consejo.
El sistema "perfecto"
Lucena, quien ha estado en su cargo desde 2006, defiende a capa y espada el sistema.
“El sistema electoral venezolano tiene un sistema de garantías único en el mundo. No existe país que pueda garantizar la integridad del voto como lo hace Venezuela. El voto es 100 por ciento automatizado”, afirmó la funcionaria durante una entrevista en abril pasado.
En teoría lo es. Es un sistema totalmente automatizado, que según sus defensores, tiene 14 medidas para auditar los resultados, entre ellas, el control biométrico del voto.
Para poder iniciar el proceso, el o la votante, debe colocar su pulgar derecho sobre un escáner que reconoce la huella digital y almacena esa información para poder, en caso de resultar seleccionado en auditoría, verificarse la información.
En teoría, también, esa información no tiene ninguna relación entre el voto y la persona, para garantizar el secreto de sufragio y solo sirve para garantizar, exclusivamente, el principio de: una persona un voto.
Ciertamente ni Estados Unidos tiene un sistema que garantice la autenticidad del votante y por eso tiene que recurrir a inscripciones previas, presentación de documentos de identificación en el centro de votación y otras medidas que algunos aseguran obstaculizan y marginan a los potenciales votantes de menores recursos, y posibilitan las teorías —como las que ha defendido el propio presidente Donald Trump— de que en Estados Unidos votan hasta los inmigrantes indocumentados.
Otro de los elementos importantes en el sistema venezolano es que el voto si bien es introducido de manera electrónica a través de una pantalla táctil, emite un comprobante de voto, físico en papel, que luego de verificado por el votante, se introduce en una urna. El registro digital debe, al final, coincidir con el registro físico.
Fraude general
Pero en la realidad, la perfección del sistema consiste en que el chavismo nunca pierde y cuando pierde siempre está el CNE para rescatarlo.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos que en los últimos años canalizó la oposición al chavismo, considera que los comicios de este domingo 20 de mayo no cumplen con las condiciones mínimas de justicia y transparencia.
Coinciden con ella buena parte de la comunidad internacional: más de una decena de países de la región, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado reiteradamente que en Venezuela existe “un fraude general pre y post electoral, que incluye irregularidades electorales, interferencia del gobierno y manipulación de votantes” y “los partidos políticos de la oposición [han] operado en una atmósfera restrictiva caracterizada por intimidación, la amenaza de enjuiciamiento o sanción administrativa por cargos cuestionables y acceso restringido a los medios”.
La MUD, que milagrosamente triunfó en las elecciones legislativas de 2015, no aparecerá en la boleta al estar inhabilitada, como tampoco aparecerán otras figuras populares presidenciables como Leopoldo López, que cumple condena en arresto domiciliario, Henrique Capriles, que también está inhabilitado, o Antonio Ledezma, que huyó del país y se exilió.
Oposición "elegida"
En palabras de Delsa Solórzano, diputada y vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo, “el gobierno ha ido eligiendo a su oposición”.
Para comenzar, dice Solórzano, “en Venezuela la elección no la convocó el ente que debía convocarla, no se está haciendo cuando toca, porque la entrega de mando es el año que viene (…) Los partidos políticos fuimos inhabilitados (…). La mitad de los candidatos están inhabilitados”.
Igualmente apunta a que el voto ha dejado de ser secreto, porque para votar habrá que presentar “el carnet de la patria”, a través del cual el gobierno de Maduro reparte las escasas raciones de comida. “Si no votas por Maduro no recibes este mes la bolsa [de comida]”, subraya Sólorzano. “Entonces eso no es votar”.
Vea además el infográfico: Así esta Venezuela.
Y luego, y como siempre desde que llegó Lucena al CNE, no habrá observadores internacionales confiables que garanticen el proceso.
La presidenta del CNE no ve demasiado problema en eso: “Hemos invitado a la Unión Africana, a la Unión Europea, que ya nos ha dicho que no, a las Naciones Unidas que también dijeron que no. Pero tendremos la participación del Caricom”, afirma Lucena.
Por otro lado, aun si el sistema tecnológico es perfecto, aun si la gente sale a votar, aun si los candidatos “opositores” a Maduro tienen posibilidades, no parece que nada ni nadie vaya a cuidar el voto una vez emitido.
Las conclusiones del Grupo de Lima, que reunidos en México el 14 de mayo emitieron un comunicado reiterando su rechazo y condena “al régimen autoritario que prevalece en Venezuela” son lapidarias:
“[Las elecciones en Venezuela] han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático”.
