Cinco políticos opositores venezolanos, entre ellos dos alcaldes en funciones, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos entre 12 meses y 15 años, de acuerdo con un documento que se ve en la página web de la Contraloría General de la República de Venezuela (CGR).
Según la publicación, los inhabilitados son: Carlos Ocariz, exgobernador del estado Miranda; José Fernández, actual alcalde del municipio Los Salias, en el estado Miranda; Tomás Guanipa, exparlamentario y miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática en las negociaciones con el gobierno, y Elias Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo y Juan Carlos Caldera.
Varios de los afectados son potenciales candidatos en las elecciones regionales y municipales que deben celebrarse el año próximo.
La publicación, que no precisa los motivos de las inhabilitaciones, expone los números de resolución de cada caso con fecha 16 de abril de 2024.
“Veo en redes que la Contraloría de Miraflores por tercera vez me inhabilita por 15 años, como todas las otras veces, sin notificarme. Pero eso hoy no es lo importante, lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria”, escribió Guanipa en la red social X.
Una inhabilitación política es una sanción contra funcionarios públicos que cometen irregularidades en su gestión y les impide, por un tiempo determinado por las autoridades, ejercer cargos públicos.
Inhabilitaciones como las de la líder opositora, María Corina Machado, o la del ex candidato presidencial, Henrique Capriles, han sido administrativas, a través de la CGR y rechazadas por no darse mediante un proceso judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las inhabilitaciones administrativas argumentando que solo puede inhabilitarse mediante condena de un juez, con garantías del debido proceso.
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que son medidas “arbitrarias” que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
En uno de sus más recientes informes, el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, llamó al gobierno de Venezuela a garantizar el debido proceso de procedimientos con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos.
También a finales del año pasado, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, exhortó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a garantizar y respetar los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos.
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