En resoluciones de los días 24 y 27 del actual diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la diputada Delsa Jennifer Solórzano Bernal, al igual que los defensores de los derechos humanos Carlos Patiño, Gonzalo Himiob Santomé y Robiro Terán, todos de Venezuela.
El abogado Patiño es coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), que se dedica a educar y a apoyar “jurídicamente a sectores vulnerables, víctimas o potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos “, según reza en su sitio digital.
Por su parte Santomé y Terán integran Foro Penal, una entidad también observadora de las violaciones en el país sudamericano y que trabaja desde “hace más de 15 años en Venezuela en la asistencia jurídica gratuita y apoyo a familiares y víctimas de detenciones arbitrarias”.
La CIDH informó que Solórzano “viene siendo objeto de hostigamientos y amenazas desde 2017” y que recientemente un militar la habría estado buscando “para asesinarla a ella y a otro diputado”.
Lo sucedido con Solórzano Bernal es un entramado que va del absurdo al propósito del descrédito porque luego de la denuncia, refiere la CIDH, "fue acusada públicamente de haber contratado ella el asesinato de quien presuntamente buscaría su muerte”.
Posteriormente esto “se vería reflejado en acciones por parte de colectivos que la señalarían y hostigarían cuando acude al Palacio Legislativo a ejercer sus labores como diputada”.
El Parlamento de Venezuela está dirigido actualmente por Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino en enero de 2019 y su mandato, que caduca en solo un mes, ha sido reconocido por más de 50 países.
Entre los argumentos para la medida cautelar, la CIDH cita que la diputada Solórzano no tiene “medidas de seguridad y se alegó que la Guardia Nacional, encargada de la seguridad del recinto legislativo, no le brinda la protección pertinente al encontrarse en el Palacio Legislativo”.
La Comisión solicitó al estado de Venezuela, dirigido por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de la diputada y asimismo “que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados y evitar así se repitan”.
Observadores bajo "agresiones"
En lo referente a Carlos Patiño, Gonzalo Himiob Santomé y Robiro Terán, han continuado las “declaraciones estigmatizantes y descalificadoras de altas autoridades de Venezuela” en contra de los ahora beneficiados con las medidas cautelares.
La entidad regional dijo que estos observadores de derechos humanos tendrían mayor visibilidad en las organizaciones que representan y son “los miembros más expuestos en el actual contexto por el que atraviesa Venezuela”.
Igualmente la CIDH insistió en que las declaraciones oficiales contra estos opositores “puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal” de los citados en el comunicado.
Finalmente tanto los implicados en las citaciones del oficialismo “ya habrían sido objeto de actos de agresión, lo que en su momento motivó el otorgamiento de medidas cautelares”.
La falta de respuesta del Estado, insistió la CIDH, impide conocer sus observaciones o las medidas que efectivamente estaría adoptando para atender la situación de riesgo alegada.
Un otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado, esclarece la CIDH, no constituyen prejuzgamiento sobre alegadas violaciones a los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.
(Redactado por Luis Felipe Rojas/VOA)
