Varios reconocidos funcionarios venezolanos de la oposición enfrentan procesos judiciales iniciados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional dominada por el partido oficial.
El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, podría ser declarado culpable de desacato a las órdenes de impedir la instalación de barricadas por parte de manifestantes antigubernamentales en su municipio.
Por su parte, la diputada María Corina Machado regresa este día a Venezuela desde Perú, luego de que ayer perdiera su investidura e inmunidad de diputada a iniciativa del presidente de la AN, Diosdado Cabello, quien ha asegurado que Machado “ya no puede entrar a esta Asamblea”.
Tanto el alcalde Ceballos, como eventualmente la diputada Machado, enfrentan la posibilidad de ser condenados a la cárcel.
Ceballos, de hecho, está preso desde el miércoles pasado, y sería el segundo alcalde de oposición condenado a prisión en la última semana.
El alcalde de San Diego, Enzo Scarano, cumple una condena de 10 meses en prisión y fue destituido de su cargo. Otros funcionarios que podrían ser enjuiciados son el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, y el del Chacao, Ramón Machado, quien ha sido señalado por el propio presidente Maduro.
En cuanto a la diputada Machado, Cabello advirtió que “al ya no ser diputada, podría ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo”.
Machado – junto al dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una cárcel militar bajo acusaciones de instigar a la violencia— fue una de las impulsoras de "La salida", estrategia que llamó a manifestaciones desde el 12 de febrero en el país para forzar la renuncia del gobierno de Nicolás Maduro.
Desde entonces han habido 35 personas muertas, la última, la de un sargento de la Guardia Nacional fallecido el lunes en Mérida, además de miles de detenidos.
La Mesa de la Unidad en pleno –directiva, partidos, diputados, alcaldes y dirigentes—repudiaron “la forma grotesca como se pretende interpretar la Constitución”, que consideran es una nueva muestra de persecución política y cuestionan la independencia de los poderes públicos en Venezuela.
El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, podría ser declarado culpable de desacato a las órdenes de impedir la instalación de barricadas por parte de manifestantes antigubernamentales en su municipio.
Por su parte, la diputada María Corina Machado regresa este día a Venezuela desde Perú, luego de que ayer perdiera su investidura e inmunidad de diputada a iniciativa del presidente de la AN, Diosdado Cabello, quien ha asegurado que Machado “ya no puede entrar a esta Asamblea”.
Tanto el alcalde Ceballos, como eventualmente la diputada Machado, enfrentan la posibilidad de ser condenados a la cárcel.
Ceballos, de hecho, está preso desde el miércoles pasado, y sería el segundo alcalde de oposición condenado a prisión en la última semana.
El alcalde de San Diego, Enzo Scarano, cumple una condena de 10 meses en prisión y fue destituido de su cargo. Otros funcionarios que podrían ser enjuiciados son el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, y el del Chacao, Ramón Machado, quien ha sido señalado por el propio presidente Maduro.
En cuanto a la diputada Machado, Cabello advirtió que “al ya no ser diputada, podría ser investigada directamente por todas las cosas que han venido ocurriendo”.
Machado – junto al dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una cárcel militar bajo acusaciones de instigar a la violencia— fue una de las impulsoras de "La salida", estrategia que llamó a manifestaciones desde el 12 de febrero en el país para forzar la renuncia del gobierno de Nicolás Maduro.
Desde entonces han habido 35 personas muertas, la última, la de un sargento de la Guardia Nacional fallecido el lunes en Mérida, además de miles de detenidos.
La Mesa de la Unidad en pleno –directiva, partidos, diputados, alcaldes y dirigentes—repudiaron “la forma grotesca como se pretende interpretar la Constitución”, que consideran es una nueva muestra de persecución política y cuestionan la independencia de los poderes públicos en Venezuela.
