Hace mes y medio, un alcalde y siete gobernadores en Venezuela suscribieron lo que se conoce como el manifiesto de Petare para exigir al gobierno del presidente Hugo Chávez políticas efectivas que pongan fin de una vez y por todas a la angustiante inseguridad en que viven los venezolanos.
Pero los índices de violencia han seguido creciendo, y la seguridad interna no parece ser una prioridad para el gobierno, aun cuando las estadísticas digan que cada dos horas se comete al menos un asesinato en Venezuela.
La tasa de homicidios en el país fue el año pasado de 57 por cada 100 mil habitantes, y se reportaron unas 17.600 personas muertas, una cantidad que según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) podría quedar opacada a fines de este año por unos 19.000 muertos más.
La agrupación civil sin fines de lucro Transparencia Venezuela ha denunciado que pese a ese sombrío panorama, dentro del presupuesto para el 2012, el gobierno venezolano asignó siete veces más recursos para la compra de armas que para conseguir mejoras en materia de seguridad ciudadana.
De hecho, Venezuela se ha convertido en el principal comprador de armas a Rusia en América Latina, y en los últimos cinco años adquirió casi $11.000 millones de dólares en equipamiento de guerra, según informó recientemente la corporación estatal rusa para la exportación de armamentos.
A pesar de los gastos millonarios del presidente Chávez en armamento de todo tipo para defender al país de presuntos enemigos externos, los peores enemigos de los venezolanos siguen siendo los delincuentes que tienen a toda la nación en permanente zozobra, y gozan de impunidad para obrar en plena vía pública y a la luz del día.
El OVV estima que el 90 por ciento de los crímenes que se cometen en el país quedan impunes, en tanto que el problema de la seguridad ciudadana es visto por el 80 por ciento de la población como el problema más serio que enfrenta el país.
Desde que Chávez asumió el poder por primera vez en Venezuela, en 1999, se calcula que más de 136.000 personas han sido asesinadas en el país.
