El principal puerto de Uruguay recibió dos escáneres de carga hace 16 años para detectar drogas y otras cargas sospechosas. Lamentablemente, durante su entrega, uno de ellos cayó al mar.
Desde entonces los envíos de cocaína a Europa han aumentado a través del puerto de Montevideo -que manejó un récord de 1,1 millones de contenedores el año pasado- impulsando un aumento de la violencia de las pandillas y socavando la reputación de Uruguay como un faro de estabilidad en la turbulenta América del Sur.
Uruguay, una nación pequeña y próspera ubicada entre Brasil y Argentina, está desesperada por ayuda.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) cerró su oficina en Montevideo en 2019 después de años de vínculos tensos con las autoridades locales, dijeron cuatro exfuncionarios de la organización. Los detalles de la salida de la DEA del país no se habían informado anteriormente.
El actual gobierno de centroderecha de Uruguay, que asumió el cargo al año siguiente de retirarse la DEA, le ha pedido repetidamente a la administración que regrese, pero funcionarios estadounidenses dicen que no hay planes inminentes para hacerlo.
Tres ex funcionarios de la DEA dijeron a Reuters que con Washington concentrado en el fentanilo que inunda sus fronteras desde México y con la poca cocaína que circula desde Uruguay hacia Estados Unidos, hay poco apetito para buscar la aprobación del Congreso para reabrir una oficina en Montevideo.
"Ahora todo es fentanilo", dijo el exfuncionario de la DEA Larry Reichner, subdirector regional de la DEA para el sur de Sudamérica de 2015 a 2019. "Les importa un comino la cocaína". La DEA se negó a hacer comentarios.
Las naciones europeas, que reciben la mayor parte de la cocaína que pasa por Uruguay, también tienen una presencia antinarcótica muy limitada en el país latinoamericano. España es el único estado europeo con un agregado policial permanente en Montevideo.
Reuters habló con más de dos docenas de policías y ex policías de Estados Unidos, Europa y Uruguay, así como con funcionarios locales, legisladores y diplomáticos extranjeros.
Dijeron que Uruguay se encuentra en una posición precaria, librando una batalla solitaria contra el contrabando de cocaína que se han expandido a todos los rincones de América Latina durante la última década, convirtiendo a naciones alguna vez tranquilas como Ecuador en tierras liberadas para los cárteles.
Uruguay, hogar de 3,4 millones de personas, sufrió un récord de 426 asesinatos en 2018. La violencia se ha mantenido alta desde entonces, con espantosas batallas territoriales entre pequeños clanes de narcotraficantes que conmocionan a un país poco acostumbrado a la violencia de las pandillas.
Con 382 personas asesinadas el año pasado, el presidente de centroderecha Luis Lacalle Pou busca defender su historial de seguridad antes de las elecciones nacionales en octubre, mientras que algunos legisladores de extrema derecha piden por la presencia de tropas en las calles.
"Tenemos un problema," dijo Mario Layera, jefe de policía de Uruguay de 2016 a 2020 y quien dirigió la fuerza cuando la DEA se fue en 2019. "La cocaína es un problema."
Nicolás Martinelli, ministro del Interior de Uruguay, dijo a Reuters que el gobierno de Lacalle Pou había pedido repetidamente a la DEA que regresara, pero aún no ha obtenido una respuesta positiva. Dijo que estaba complacido de que los agentes de la DEA con base en Argentina ahora visiten Montevideo dos veces por semana, en lugar de una vez cada dos semanas.
Una oficina de la DEA no es una panacea, y muchas naciones latinoamericanas han tenido durante mucho tiempo una fuerte presencia de la organización en su territorio. Martinelli dijo que su país está¡ desesperado por contar con equipos y experiencia estadounidenses; y lamentó que el estatus de Uruguay como nación de altos ingresos lo excluye de las donaciones antinarcóticos de Estados Unidos.
"Uruguay sigue siendo un valioso socio de la DEA," dijo un portavoz de la DEA. "Seguimos explorando activamente nuevas oportunidades para ampliar nuestros esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en todo el mundo."
Nelson Vargas, quien dirigió la oficina de la DEA en Montevideo de 2013 a 2017, dijo que los policías locales desconfiaban de trabajar con la organización cuando llegó.
La política jugó un papel. Los gobiernos de izquierda gobernaron Uruguay entre 2005 y 2020, y su visión negativa de la intromisión de Estados Unidos en América Latina -incluido el apoyo a la dictadura del país entre 1973 y 1985-, obstaculizó la colaboración antinarcóticos, dijeron Layera, Martinelli y fuentes estadounidenses.
La orgullosa reputación de Uruguay como modelo regional generó complacencia, dijeron dos funcionarios estadounidenses actuales y cuatro retirados. Pero las autoridades negaron la verdadera magnitud del tráfico de cocaína en su país, dijeron.
Uruguay incautó más de 2 toneladas métricas en 2021, según datos de las Naciones Unidas, un aumento de 1,300 % en comparación al de 144 kilos de cocaína incautados en 2017.
En 2019, cuando Alemania incautó un boín récord de 1.000 millones de euros en cocaína en un envío de soja procedente de Montevideo, los uruguayos no creyeron que las drogas se originaran en su país, afirmando inicialmente que estaban cargadas en Brasil, dijeron dos exagentes de la DEA.
"Pusieron la cabeza bajo la arena, ya sabes: 'Esto no está sucediendo'", dijo un exjefe de la DEA de Montevideo, hablando desde el anonimato. "Pero la realidad era que estaba sucediendo, y creo que había estado sucediendo durante un tiempo".
Layera, el exjefe de policía durante el gobierno de izquierda, dijo que los investigadores finalmente confirmaron que la cocaína se originaba en Montevideo. Un empresario uruguayo que se llama Martín Mutio recibió el año pasado una condena de 15 años por tráfico. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Martinelli calificó al gobierno anterior de "naif" en materia de seguridad pública. Dijo que el puerto de Montevideo no está capacitado para inspeccionar al millón de contenedores que transitaron el último año por el puerto.
En abril llegaron tres escáneres más, adquiridos por el gobierno actual de Uruguay, para suplementar la máquina de rayos X donada por China en 2008. Con ellos, deberían poder inspeccionar el 80 % de toda la mercancía, afirmó Martinelli Layera reconoció debilidades en los sistemas legales y penitenciarios de Uruguay que las pandillas han explotado.
Pero defendió el trabajo antinarcóticos durante el gobierno anterior, citando su respeto por la independencia policial y varias operaciones con sus homólogos estadounidenses y europeos.
Zona liberada
La salida de la DEA de Uruguay puso fin a años de empeoramiento de los vínculos antinarcóticos que convirtieron incluso las operaciones más comunes en un dolor de cabeza, dijeron cinco fuentes.
El exjefe de la DEA de Montevideo dijo que era un secreto sabido que 'El Perro Que Fuma', un bar cerca del puerto de Montevideo, era un lugar frecuentado por narcotraficantes. Su propietario, Amir Alial González, alias "El Turco", era sospechoso desde hacía mucho tiempo por tráfico de cocaína, de acuerdo a fuentes estadounidenses y uruguayas.
Ansioso por acabar con un objetivo aparentemente fácil, el exagente trajo a un informante colombiano en 2018 para que visitara el bar como un comprador falso en busca de una carga.
González, que también tenía un negocio pesquero que le daba acceso al puerto, se mostró sorprendentemente abierto con el visitante, explicándole toda su operación, afirmó el exagente.
El informante quedó estupefacto. "Regresó y dijo: 'Amigo, este lugar está completamente liberado'", dijo el exagente.
![Presidente Luis Lacalle Pou reunido con director sénior para el Hemisferio Occidental, Juan González, y la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung. [Foto cortesía presidencia Uruguay].](https://gdb.voanews.com/4684ea0e-32ae-4aa6-82cb-7afe4b6b6ed0_w100_r1.jpg)
Sin embargo, aproximadamente una semana después, en septiembre de 2018, los uruguayos dijeron a la DEA que habían arrestado a González por intentar traficar 417 kilos de cocaína en un cargamento de lana con destino a Amberes. Recibió una sentencia de siete años en 2018. Se negó a hacer comentarios.
El exagente de la DEA dijo que estaban frustrados por no recibir información sobre el arresto, dado que la operación se haía originado en datos descubiertos por la agencia. La información sobre González que los uruguayos se negaron a compartir también frustró una investigación paralela de la DEA en Paraguay, añadió.
A finales de 2019, la DEA retiró su equipo de cuatro hombres de Montevideo. Carlos Mitchem, ex alto funcionario de la DEA para el Cono Sur, dio la orden.
"La policía no quiso compartir información", dijo. "Tuvimos que cerrar la oficina (...) No estaba funcionando bien".
Otros dos exfuncionarios de la DEA confirmaron el relato del arresto de González. El ministro del Interior, Martinelli, dijo que había oído una historia similar de la DEA.
"El gobierno anterior no quería colaborar con la DEA, y entonces la DEA les dijo que ahí nos vamos, y se fueron". La DEA se negó a hacer comentarios.
Layera dijo desconocer que al infiltrado colombiano le hubieran pedido que se fuera y señaló que los temas de informantes "son muy sensibles de tratar".
Dijo que creía que la DEA se fue por razones presupuestarias y porque había muy poca cocaína destinada a Estados Unidos. "La crítica de que Uruguay no compartió información es totalmente errada", afirmó.
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