Las universidades venezolanas están azotadas por la delincuencia. Hasta 150 “incidentes de inseguridad” ocurrieron en las casas de estudios superiores del país entre enero y noviembre de 2021, según un balance presentado por la organización no gubernamental Aula Abierta.
El informe de Aula Abierta, que trabaja por la defensa de las universidades, la libertad académica y el derecho a la educación de calidad en Latinoamérica, precisa que los “robos y destrozos” ocurridos dejaron a las universidades venezolanas en “una situación mucho más comprometida de la que ya estaban”, esencialmente por falta de apoyo presupuestario de parte del gobierno nacional.
“Hemos documentado 331 situaciones muy graves, que afectan fundamentalmente el derecho a la educación de calidad”.David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta.
El reporte, elaborado por el Observatorio de Universidades de la ONG, detalla que enero fue el mes con más denuncias de inseguridad, con 28. Según la investigación, hubo al menos 331 episodios en las 16 principales universidades públicas de Venezuela desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.
Las universidades más perjudicadas desde entonces, cuando se suspendieron las clases y sus instalaciones quedaron prácticamente abandonadas, son la de Los Andes, con 90 casos; la Universidad del Zulia, con 69; la de Oriente, con 61; la Central de Venezuela, en Caracas, con 56; y la de Carabobo, con 14 incidentes.
El balance calcula, asimismo, que existe aproximadamente 80% de déficit de personal de seguridad en esas universidades del país suramericano.
David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta y docente universitario, explica que los hechos de inseguridad ocurren en un contexto de “política de Estado” contra la universidad venezolana, su autonomía y su libertad académica.
“Hay muchos más casos, probablemente, pero hemos documentado 331 situaciones muy graves, que afectan fundamentalmente el derecho a la educación de calidad”, afirma Gómez Gamboa a la Voz de América.
El coordinador de la comisión de derechos humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, en el occidente del país, asegura que las casas de estudios superiores de Venezuela quedaron “vulnerables” en medio de la “desolación” de la pandemia por COVID-19.
Enfrentamiento político
El informe de Aula Abierta detalla que 186 de los incidentes de inseguridad impidieron la docencia universitaria. Otros 31 afectaron la investigación académica y científica, mientras 76 eventos similares perjudicaron las “funciones auxiliares” en espacios rústicos y de esparcimiento.
Otros 31 robos y destrozos minaron servicios estudiantiles, como los comedores, las bibliotecas y el transporte. “Siete incidentes han afectado la vida e integridad personal de universitarios y guarda-custodios de bienes universitarios”, añade.
Según Gómez Gamboa, “la precariedad de las universidades atiende a una práctica sistemática de asfixia presupuestaria” durante los últimos 10 años.
El oficialismo venezolano impulsó en años recientes leyes donde se menciona a la educación enfocada hacia la “construcción del socialismo” y al menos 50 sentencias judiciales atentan contra “las funciones propias” de la universidad, es decir, su autonomía constitucional, subraya el director de Aula Abierta.
Rectores, profesores y dirigentes sindicales de todo el país han denunciado durante años que los gobiernos de Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, y Nicolás Maduro, de 2013 al presente, solo consignaron cerca del 5% del presupuesto requerido para un funcionamiento cabal de las universidades.
En un hecho poco usual, el presidente Maduro recorrió el campus de la Universidad Central de Venezuela en octubre pasado para supervisar los arreglos de las instalaciones de parte de su administración.
El mandatario acusó entonces a sus autoridades de haberla presuntamente abandonado y de fomentar su destrucción. “Hemos avanzado mucho en la recuperación de los espacios arquitectónicos y estructurales de la UCV. La vamos a recuperar y la vamos a dejar bella”, expresó.
Maduro designó hace dos meses como ministra de Educación Superior a la ex presidenta del poder electoral venezolano, Tibisay Lucena. En público, le encomendó “elevar la calidad de la educación para el desarrollo nacional”.
Gómez Gamboa, por su parte, cree que las “carencias” universitarias responden a cómo su naturaleza educativa y plural se enfrenta al autoritarismo político.
“Estamos frente a un régimen autoritario y este no permite la producción de pensamiento científico libre, el crítico, no les gusta el debate crítico. En consecuencia, ponen como blanco de ataque a los universitarios”, concluye.
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