La Unión Europea (UE) expresó el lunes su preocupación por la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial opositora en Venezuela, María Corina Machado, y aseguró que las decisiones destinadas a impedir que los miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales “solo pueden socavar la democracia y el Estado de Derecho”.
“La UE pide la plena implementación del acuerdo de Barbados y la continuación de un proceso de diálogo inclusivo que pueda conducir a elecciones justas y competitivas en 2024. Por lo tanto, acogemos con satisfacción la decisión de las partes en el proceso de negociación liderado por Venezuela de permanecer en la mesa de negociación”, resaltó un comunicado de Petar Stano, portavoz de Asuntos Exteriores de la UE.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó el viernes la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Machado y del ex candidato presidencial, Henrique Capriles, quienes, en diciembre, ante esa instancia, introdujeron recursos como parte de los procedimientos acordados por el gobierno y la oposición en el contexto del acuerdo firmado en Barbados, en octubre.
La medida le impide a Machado formalizar su candidatura en las elecciones presidenciales previstas para este año. Perkins Rocha, abogado de Machado, aclaró que la candidata no está inhabilitada y reiteró que el recurso que ejerció ante el TSJ no fue una demanda de nulidad sino un reclamo por "vía de hecho" frente a la "inexistencia del acto".
El fin de semana EEUU anunció que, tras la decisión, se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela y subrayó que es preocupante e inconsistente con el compromiso de representantes del gobierno venezolano de celebrar elecciones competitivas, así como permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las elecciones.
Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones.
El gobierno de Argentina lamentó la decisión del TSJ y dijo esperar la pronta celebración de elecciones presidenciales “democráticas, transparentes, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa”.
También los gobiernos de Ecuador y Uruguay expresaron que la decisión del TSJ es contraría a los acuerdos de Barbados.
En la misma línea reaccionó el gobierno de Paraguay que señaló la “necesidad de llevar adelante elecciones presidenciales libres, transparentes y con la participación de todos los candidatos”.
David Rutley, ministro británico para las Américas del Parlamento del Reino Unido afirmó que la inhabilitación es un “paso atrás” para la democracia venezolana e hizo un llamado al respeto de los DDHH y la liberación de todas aquellas personas detenidas.
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
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