El Tribunal Supremo de Justicia venezolano designado por la mayoría opositora del Parlamento y cuyos magistrados están hoy en el exilio decidió anular este viernes la disolución del gobierno interino del líder político Juan Guaidó.
La Sala Constitucional de ese poder judicial, instalado en 2017, declaró “con lugar” una acción de amparo constitucional presentada por particulares contra el acto administrativo votado en diciembre pasado y con el cual la mayoría de los diputados electos en 2015 decidió ponerle fin al interinato de Guaidó y nombrar luego una nueva junta directiva.
Según los magistrados, los parlamentarios violentaron hasta seis artículos de la Constitución y los llamaron a procurar “el restablecimiento de la vigencia” de esa norma.
“Tal acto transgredió la obligación del presidente de la Asamblea Nacional [Guaidó] de asumir el cargo de presidente de la República en condición de encargado (…) mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta luego de cumplida una nueva elección universal, directa y secreta” en Venezuela, consideraron en el fallo del viernes.
Hasta 72 diputados, muchos miembros de tres de los cuatro principales partidos de la oposición, aprobaron en diciembre la disolución del interinato de Guaidó, quien había sido reconocido desde 2019 como presidente encargado por medio centenar de gobiernos.
Guaidó consideró entonces que la decisión era “un salto al vacío” en las estrategias de la oposición, la protección de activos en el extranjero y la continuidad de representantes diplomáticos del gobierno interino en decenas de países, como Estados Unidos.
La decisión de este viernes también dejó “sin efecto jurídico alguno” todos los actos y nombramientos de representantes del poder ejecutivo venezolano que haya decidido la Asamblea Nacional, presidida desde enero pasado por la diputada Dinorah Figuera.
El fallo establece un plazo de 30 días a ese Parlamento y a su nueva junta directiva para que cumplan con “el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución nacional”, bajo la advertencia de que la Sala Constitucional en el exilio hará cumplir esa sentencia.
“Esta Sala se reserva la capacidad de ejecutar la presente decisión en caso de omisión del cumplimiento del deber constitucional de la Asamblea Nacional”, reza la decisión.
Diferencias internas
Voluntad Popular, donde militó Guaidó y el único gran partido opositor que defendió la continuidad de su gobierno interino, anunció la semana pasada que lo apoyará como candidato a la presidencia del país en las primarias opositoras de octubre próximo.
En julio de 2017, los diputados opositores de la Asamblea Nacional designaron y juramentaron a 33 magistrados para conformar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. El oficialismo, bajo el control del chavismo, consideró nulos esos nombramientos y libró órdenes de detención contra los juristas. La mayoría de ellos optó por exilarse.
Desde diversos países, ese poder judicial mantiene su funcionamiento en cada una de sus salas con sesiones virtuales y presenciales en Washington. Sus autoridades, sin embargo, denuncian que ni siquiera la misma oposición y aquellos que los designaron los toman en cuenta para acatar sus decisiones, ni siquiera para garantizar sus operaciones.
En diciembre pasado, antes de la decisión de anular el interinato de Guaidó, la directiva del TSJ en el exilio advirtió públicamente que “pretender sustituir la figura presidencial por una forma de gobierno parlamentario violenta lo establecido en el artículo 233 de la Constitución”, que habla sobre las faltas absolutas en la Presidencia venezolana.
La oposición argumentó en enero de 2019 que Nicolás Maduro “usurpó” la primera magistratura del país al mantenerse en el poder por seis años más tras haber ganado una elección que consideran fraudulenta e ilegítima, en 2018. Ese basamento legal fue el piso político de Guaidó para asumir la presidencia encargada y crear el gobierno interino.
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