El presidente Donald Trump propuso el lunes cobrar una cuota a los solicitantes de asilo para procesar sus formularios, en una nueva estrategia para combatir el incremento en el número de migrantes centroamericanos que ingresan a Estados Unidos.
A través de un memorando presidencial, Trump instruyó a su secretario de Justicia y al secretario interino de Seguridad Nacional a tomar medidas adicionales para reformar el sistema de asilo, el cual —insiste— está “en crisis” y asolado por “abuso desenfrenado”.
Los cambios son los últimos en una serie de propuestas de un gobierno que pasa apuros para hacer frente al incremento en la llegada de familias inmigrantes a la frontera sur, lo cual ha abrumado los recursos federales y complicado los intentos de Trump por cantar victoria en la frontera mientras se postula a la reelección. La mayoría de los que están llegando dicen que están huyendo de la violencia y la pobreza, y muchos solicitan asilo bajo el derecho internacional y el estadounidense.
Como parte del memorándum, Trump les otorgó un plazo de 90 días a las autoridades para proponer regulaciones para que todas las solicitudes de asilo se decidan en un periodo no mayor a 180 días, excepto para aquellos que representen circunstancias excepcionales.
El mandatario también les ordenó a las autoridades que comiencen a cobrar una cuota por procesar solicitudes de asilo y permisos de empleo, lo cual no tiene costo alguno en la actualidad.
Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional no han respondido por el momento a las preguntas de cuánto tendrían que pagar los solicitantes, y se desconoce cuántas familias que huyen de la pobreza podrían darse el lujo de hacer un pago así.
El precio no debe exceder el costo de procesar las solicitudes, se afirma en el memorándum, pero las autoridades no proporcionaron un cálculo.
Trump también desea prohibir que cualquiera que haya ingresado o intentado ingresar ilegalmente al país obtenga autorización provisional para trabajar, y está exhortando a las autoridades a que revoquen de inmediato los permisos de trabajo cuando a los individuos se les niegue el asilo y se ordene su deportación.
Exhortó también a Seguridad Nacional a que instruya a los funcionarios de inmigración y a otros “a que mejoren la integridad de los fallos en torno a los alegatos de miedo creíble y razonable, a que refuercen la aplicación de las leyes de inmigración, y se aseguren de que los extranjeros que tienen órdenes de deportación cumplan con la ley”.
Los arrestos en la frontera sur se han incrementado enormemente en meses recientes. Los agentes fronterizos han efectuado más de 100.000 arrestos o rechazos de ingreso en marzo, el nivel más elevado en 12 años.
Con información de AP
