El presidente Donald Trump insistió el miércoles que no abandonará los esfuerzos para incluir la pregunta de ciudadanía en el próximo censo del 2020 incluso cuando la Oficina del Censo comenzó el proceso de impresión del cuestionario sin la controversial pregunta.
“Reportes de noticias sobre el Departamento de Comercio abandonando su intento de poner la pregunta de ciudadanía en el Censo son incorrectos, por ponerlo de otra forma, ¡FALSO!”, tuiteó Trump. Agregó que “Absolutamente avanzamos”.
La Casa Blanca no respondió de momento la pregunta de a qué se refería.
El tuit de Trump contradice los comentarios del secretario de Comercio Wilbur Ross y los abogados del Departamento de Justicia de que abandonarían el esfuerzo tras el fallo de la Corte Suprema de no incluir la pregunta.
“La Oficina del Censo ha comenzado el proceso de imprimir los cuestionarios decenales sin la pregunta”, afirmó Ross en un comunicado del martes. “Mi interés, el de la Oficina y el de todo el Departamento es realizar un censo completo y exacto”.
Los abogados del Departamento de Justicia también notificaron a las partes involucradas en la demanda, y al menos un juez federal que bloqueó su inclusión dijo que la compañía encargada de la impresión bajo un contrato de 114 millones de dólares había recibido la instrucción de comenzar a imprimir las formas sin la pregunta de ciudadanía.
A corto plazo, es poco probable que el comentario de Trump afecte el trabajo en el censo.
Sin embargo, el juez distrital George Hazel ordenó a los abogados del Departamento de Justicia a escribir un requerimiento con él para el lunes de que el gobierno ya no intentará incluir la pregunta en el censo del 2020, dijo Denise Hulett, abogada del Fondo de Defensa Legal y Educacional Mexicano Estadounidense. Hulett participó en una conferencia telefónica el martes con el juez y abogados de ambas partes en el caso.
Hazel es uno de los tres jueces que se negó a permitir que el gobierno preguntara el estatus inmigratorio en el censo del próximo año. Los otros jueces están en Nueva York y California.
Los detractores aseguran que la pregunta desalentaría la participación de inmigrantes y de residentes que están en el país de manera ilegal, redundando en cifras inexactas para un conteo que determina la distribución de un gasto federal de 675.000 millones de dólares y la cantidad de distritos legislativos de cada estado.
