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Suiza agregó siete funcionarios castrenses a lista negra de Venezuela


Oficiales miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Oficiales miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Otros siete militares venezolanos fueron agregados por Suiza a una lista de 25 funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro que no pueden viajar a la Unión Europea o tener cuentas bancarias allí.

Se trata de oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), así como otro de un comando especial militar.

Los nuevos enlistados son Néstor Hurtado, Rafael Ramón Blanco Marrero, Rafael Antonio Franco Quintero, Alexander Enrique Granko Arteaga y Hannover Esteban Guerrero Mijares, funcionarios de la DGCIM.

Por otro lado están Carlos Calderón, director de investigaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y Alexis Enrique Escalona Marrero, miembro del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Los señalados, agrega la nota de la Confederación Suiza, han incurrido en graves delitos de violación a los derechos humanos como la represión, la tortura, tratos crueles y degradantes, entre otros.

La nota especifica en cada caso cuáles han sido las violaciones con fecha y organismo precisos por los que ahora son señalados, como los ejemplos siguientes:

Néstor Blanco Hurtado, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ha operado junto a funcionarios de la Dirección General de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde al menos diciembre de 2017. Responsable de graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, el uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos en las instalaciones de DGCIM.

Rafael Antonio Franco, es agente en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Jefe de investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entre al menos 2017 y diciembre de 2018. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso excesivo de la fuerza y los malos tratos a detenidos en las instalaciones de ese cuerpo armado bajo su mando. También responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, está vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

A las medidas se suma la inmovilización de bienes, como hicieron antes con Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); la vicepresidenta Delcy Rodríguez; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, emntre otros.

(Con información del Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza)

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