“Cada segundo que pasa se pone más difícil para poder hacer un trabajo periodístico acá en esta región. Cuando inició el conflicto, desde hace años, uno trataba... pero poco a poco las cosas se van saliendo de control”, confesó Josué Nieves, director del medio digital N Noticias Saravena, en entrevista con la Voz de América.
Como él, son varios los comunicadores sociales y periodistas que, a causa del conflicto de los grupos armados en el departamento de Arauca y sus diferentes municipios, se han visto amenazados, hostigados y hasta obligados a salir del territorio. Esta zona vive una guerra desde al menos tres décadas entre grupos ilegales, agravada por tener cercanía con Venezuela.
Josué, por ejemplo, lleva trabajando alrededor de ocho años el municipio de Saravena, el segundo más poblado del departamento de Arauca. Desde que creó el medio virtual y asumió la dirección del canal de televisión comunitario, hace tres años, ha lidiado con la situación. Explica que el tema de seguridad y protección para garantizar la libertad de prensa ha empeorado y que recientemente ha recibido amenazas por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Incluso dijo que en septiembre del año pasado fue víctima de secuestro extorsivo y constreñimiento por parte de las disidencias para grabar el video de prueba de vida del coronel del Ejército Pedro Pérez Arciniegas, retenido por el grupo armado. También, contó a la VOA, que en una oportunidad unos hombres rodearon su casa en la noche, mientras se encontraba en un cubrimiento periodístico.
“Desde hace varios meses, en general, los grupos guerrilleros siempre han intimidando a la prensa para que difundan información alusiva a eso grupos. Sin embargo, ahora con el conflicto que hay entre las dos guerrillas, todos sabemos que se puso peor teniendo en cuenta que de una forma u otra, no solamente la sociedad civil piensa y señala a periodistas o a medios de favorecer a algún grupo al margen de la ley, sino que esas organizaciones guerrilleras también señalan a periodistas y medios de comunicación”, cuenta Josué.
Incremento de ataques a periodistas
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) instó a las autoridades, la semana pasada, a proteger el trabajo de los periodistas del departamento.
El llamado lo hizo a propósito de la explosión de un carro bomba frente al edificio Héctor Alirio Martínez, donde además de algunas organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. El hecho, dijo la FLIP, también afectó las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria.
El suceso fue confirmado por un periodista que vive en Saravena y quien habló con la VOA en calidad de anonimato para proteger su integridad.
“Hemos sido amenazados en varias ocasiones, en momentos de movilización de las comunidades en Arauca y también a otros departamentos del país. En 2015, 2016 y 2019, a través de redes sociales y mensajes amenazaron al medio”, dijo el comunicador.
Un comunicado de la FLIP indica que “en Arauca, han aumentado de forma alarmante los ataques al ejercicio periodístico que envían un mensaje de miedo y zozobra y promueven la autocensura”.
Según cifras de la fundación, en el 2017, la FLIP registró 9 agresiones contra periodistas en Arauca, cifra que fue triplicada en el 2019, cuando se documentaron 27 ataques. En el 2020, se registraron 13 casos, y en el 2021, 24 agresiones. Algunos de estos ataques han derivado en desplazamientos forzados de periodistas.
“Hace solo dos semanas, al menos siete periodistas fueron amenazados y presionados por parte del ELN y de disidencias de las FARC para que publicaran información que ellos les proporcionaban a través de WhatsaApp. En algunos de estos casos, se les dijo a los periodistas que de no cumplir con las órdenes deberían atenerse a las consecuencias”, agrega el texto.
Al respecto, Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, le dijo a la VOA que no ve que “esto pueda cambiar en un futuro inmediato”.
“La situación en Arauca es sumamente dramática y crítica, en general para toda la población por supuesto, y particularmente para los periodistas, quienes desde hace un año han estado en el medio de esta guerra que se está librando entre el Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC y el Ejército colombiano”, agregó.
Para Bock, los periodistas han quedado en el medio y destaca tres tipos de presiones a los que son sometidos: “Amenazas. En el último año hemos documentado que al menos 15 periodistas han recibido amenazas, teniendo en cuenta que es un departamento en el que no hay un número muy alto de medios de comunicación y de periodistas, esto es representativo”.
Lo segundo es la presión por parte de grupos armados para que publiquen su información: “Esto deja al periodista en un callejón sin salida, donde tiene que cumplir con estas presiones que les están exigiendo, y después también quedar en un estado de estigmatización y vulnerabilidad muy alto, porque pues desafortunadamente se les empieza a señalar con determinado grupo y a decir que están haciéndoles eco a esto, y sobre todo pues esto viene desde el Ejército colombiano”.
Y tercero, atentados contra infraestructura de los medios.
La consecuencia: muchos periodistas han tenido que salir de su territorio y, cuando esto sucede, “empieza a haber un mayor déficit de información y se deja de contar lo que hoy está sucediendo”, dice Bock, quien afirmó que hasta el miércoles, tres periodistas ya deberían haber salido de Arauca.
Llamado a las autoridades
Los comunicadores y el director de la FLIP señalaron que hace un par de días está circulando un panfleto por parte de las disidencias de las FARC tildando a Emiro Goyeneche, director de Sararé Stereo, como integrante del ELN.
Ante este panorama de los periodistas en Arauca, Bock dice que solicitan a las entidades del Estado rodear y atender las solicitudes de los periodistas, y a la Unidad Nacional de Protección “que tome de manera urgente cada uno de estos casos y pueda hacer también los análisis de riesgo y una lectura integral de todo lo que está pasando”.
Si bien ha habido algunas medidas que se han implementado, el director de la FLIP dice que no es suficiente, opinión que compartieron los periodistas entrevistados la VOA.
Para Jousué, después de su secuestro, cuenta con dos escoltas y una camioneta blindada. Sin embargo, él dice que es insuficiente, "pues ellos trabajan solo doce horas... y la situación de riesgo está es en el hogar". Pero, además, dice que se ha protegido en hoteles de otros municipios y que ha tenido que salir y entrar de la zona en varias ocasiones.
“Ellos dicen que hay una reubicación por tres meses, que la unidad costea todos los gastos, pero que eso se da antes de asignarles esquema a uno. Si uno acepta la reubicación ya no le brindan esquema de seguridad. O teniendo esquema, no lo reubican”, dice Nieves, quien pide que estas normas sean revisadas y ajustadas para lograr una mejor protección. Incluso, dice que se deben revisar los tiempos de las solicitudes porque, en su caso, duró un año pidiendo un hombre para protegerlo.
Para el periodista que pidió no revelar su identidad, es necesario que cese la militarización de los territorios “como única respuesta al conflicto social, político y económico que se vive… en Arauca. Los que se le pide al Estado son garantías para que las comunidades puedan vivir en sus territorios y por allí que pues nosotros que podamos hacer nuestra labor”.
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