Preocupación y rechazo, expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ante la denuncia de amenazas por parte de Javier Argueta, abogado y asesor jurídico del presidente Nayib Bukele, a periodistas del medio independiente Gato Encerrado por no revelar sus fuentes.
El alto funcionario de gobierno, según recoge un comunicado de prensa del organismo, “amenazó en su cuenta de Twitter con iniciar procesos judiciales en contra de los periodistas Karen Moreno y Beatriz Benítez, de la revista Gato Encerrado”, por utilizar “una fuente anónima” para informar sobre una reunión de Argueta con cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
De acuerdo con la información, divulgada el pasado 17 de septiembre, durante ese encuentro, Argueta adelantó a los magistrados que la Sala Constitucional de la Corte Suprema respaldaría la reelección presidencial de Bukele.
En una discusión -siempre vía Twitter- con periodistas que salieron en defensa de sus colegas, el asesor jurídico del presidente se defendió citando que los comunicadores “van a tener que exhibir su FUENTE”.
Argueta agregó que es parte del “derecho a la imagen que es protegido constitucionalmente también”.
Por su parte Jorge Canahuati, presidente de la SIP, recalcó que "el secreto profesional de los periodistas es una figura protegida por la jurisprudencia internacional y tratados de derechos humanos".
Canahuati además recordó que el secreto profesional que asiste a los periodistas es una "herramienta indispensable para ofrecer información relevante y de interés público que, muchas veces, las fuentes no se atreven a revelar públicamente por miedo a sufrir represalias".
Para la SIP, y según expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, la presión vive la prensa en El Salvador es preocupante ya que "es muy parecida a la que usan los gobiernos autoritarios”.
“La amenaza, en realidad, no tiene como destinatarios a los periodistas, sino más bien está dirigida a las fuentes oficiales, con la intención de que se inhiban o se callen", citó.
La actual Administración del presidente Bukele ha sido acusada por organismos internacionales, como Amnistía Internacional, de coartar la libertad de prensa en el país y de causar un grave deterioro de la libertad de prensa en El Salvador. Funcionarios estadounidenses también ha expresado su preocupación por el acoso y persecución a medios independiente.
Sin embargo, el presidente de El Salvador en repetidas ocasiones ha negado cualquier ataque a la prensa.
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