Cuando faltan menos de 24 horas para el inicio de las elecciones generales en Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al gobierno de Daniel Ortega a permitir el trabajo de medios de comunicación locales y corresponsales internacionales, y lo responsabilizó por “cualquier incidente” que ocurra al respecto.
En un comunicado, las autoridades de la SIP señalaron que el gobierno no autorizó el ingreso a Nicaragua de varios enviados de televisoras, radios, agencias de prensa y periódicos extranjeros, situación que, indicaron, exhibe “un grave retroceso” para la libertad de expresión en la nación centroamericana.
Algunos corresponsales fueron rechazados al intentar ingresar por vía terrestre desde Honduras y Costa Rica, y a otros se les prohibió abordar vuelos hacia Managua. A la mayoría, el gobierno les respondió con evasivas sus solicitudes de ingreso, según denunció la organización de escritores y periodistas PEN Internacional.
“Nos vemos obligados a responsabilizar a las autoridades nicaragüenses por cualquier incidente que pudiera ocurrir en detrimento de los periodistas y los medios de comunicación nacionales e internacionales durante el proceso electoral”, señaló el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, en el mismo comunicado.
Por su parte, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, recordó que “los principales organismos internacionales han declarado estas elecciones como muy poco creíbles”. A su juicio, las más recientes acciones del gobierno de Ortega “no solo lo confirman, sino que también indican un grave retroceso en materia de libertad de expresión”.
“Desde hace meses venimos denunciando estas elecciones opacas en Nicaragua, pero el gobierno de Ortega no termina nunca de sorprendernos con nuevos métodos de represión y hostigamiento contra la oposición y el periodismo independiente”, destacó el documento.
Según PEN Internacional, al menos 100 comunicadores independientes nicaragüenses han sido forzados al exilio desde 2018, cuando estalló una revuelta social contra Ortega que dejó cientos de muertos y miles de heridos, detenidos y refugiados. Sólo en el último año emigró una treintena de comunicadores que recibieron amenazas y “asedio” de la policía y paramilitares, de acuerdo con los mismos registros.
Ortega espera ser reelegido por tercera vez el domingo, junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, tras haber encarcelado a sus siete principales rivales y potenciales candidatos a la presidencia. Los opositores fueron víctimas de una ola de arrestos que se inició en junio y afectó a por lo menos 39 líderes políticos, estudiantes, profesionales, exdiplomáticos y exguerrilleros disidentes.
De los detenidos seis son periodistas y comunicadores, entre ellos Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa, que fue cerrado y permanece ocupado por la Policía Nacional desde agosto, acusado por supuesto lavado de dinero y otros delitos.
Según el observatorio ciudadano Urnas Abiertas, durante el proceso electoral, que transcurrió sin campañas proselitistas y muy escasa publicidad de los partidos, ocurrieron más de 1.600 hechos de “violencia política” por parte de autoridades del Estado y paraestatales contra opositores.
“Durante el mes de octubre de 2021 se observó un incremento de violencia política, a través de asedios focalizados, hostigamiento, citatorias y amenazas”, indicó Urnas Abiertas, instancia creada a inicios de este año por activistas que recopilan denuncias y las verifican de forma virtual y presencia mediante una red de colaboradores.
Ortega, quien el 11 de noviembre cumplirá 76 años, fue postulado a la reelección para un cuarto mandato consecutivo. Se enfrentará cómodamente con candidatos de seis partidos y alianzas minoritarias, varios de estos aliados al gobernante Frente Sandinista. Tres organizaciones opositoras fueron eliminadas de la contienda este año, por supuestamente violar la Ley Electoral.
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