El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, dijo este lunes 18 de julio que no ofrecerá disculpas al país ni al presidente de Ecuador, Rafael Correa, como lo había sugerido el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, por lo que el gobierno ecuatoriano considera insultos al jefe de Estado.
Tras varias reuniones con autoridades de organismos del Estado, representantes de medios de comunicación y asambleístas de oposición, Marroquín afirmó que el proyecto de Ley de Comunicación coartaría la libertad de expresión de varias maneras.
Marroquín explicó que este proyecto puede dar al Gobierno la potestad de decidir qué se informa; provocar amenazas y procesos judiciales a periodistas y medios de comunicación, y facilitar el uso de cadenas oficiales para referirse a políticos y periodistas.
El presidente de la SIP indicó que ve similitudes en las formas de acoso a la prensa en Ecuador, Venezuela y otros países de la región.
De su lado, el gobierno ecuatoriano asegura que no atendería a la SIP que ahora le pide una cita, cuando antes consideró que el organismo calificó como dictador al presidente.
SIP critica condena en Venezuela
Por su parte, en Venezuela, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Robert Rivard, criticó la condena a dos años de prisión que por el delito de difusión de información falsa recibió Oswaldo Alvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia y ex candidato presidencial por sus declaraciones a un programa de Globovisión, sobre que en el país existirían serios problemas de narcotráfico.
A la vez, los dirigentes de la SIP, Marroquín y Rivard, se solidarizaron con el presidente y editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien presentó una querella criminal contra los conductores del programa político La Hojilla, que se transmite por el canal estatal VTV.
La querella se refiere a recientes insultos proferidos contra Otero y su madre, y los directivos de la SIP criticaron los privilegios que los entes reguladores venezolanos otorgan a los periodistas y programas estatales “quienes parecen libres de insultar”, mientras son celosos persiguiendo mínimas irregularidades en los medios privados.
