Los proyectos de leyes que buscan regular los medios de comunicación en Ecuador y Venezuela constituyen un nuevo atropello legal contra la libertad de prensa, alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En Ecuador, la ley de comunicación que se encuentra en la etapa final de debate en la Asamblea Nacional, “lesionará el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, restringirá el contenido de los medios de comunicación y propiciará la autocensura en la actividad periodística”, alertó la SIP.
La legislación, que requiere de 63 votos de los 124 miembros de la Asamblea Unicameral para ser aprobada, “mantiene serias restricciones a la libertad de prensa”, afirmó el organismo, entre ellas la creación de un consejo de control de contenidos de medios electrónicos y escritos que regulará qué informaciones deben ser “censuradas según su nivel de violencia”, explicó la SIP.
La legislación también reinstala la colegiación obligatoria de periodistas, “que había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema” de Ecuador, e “impone registros y códigos de ética a todo tipo de medios”.
El presidente de la SIP, Milton Coleman, editor jefe del periódico estadounidense The Washington Post, lamentó el “retroceso que la nueva legislación atrae para los ciudadanos, al restringir sus libertades y derechos individuales a recibir y difundir información sin interferencias del gobierno”.
La SIP también criticó el tratamiento en la Asamblea Legislativa de Venezuela de una ley de comunicación que buscará dotar de recursos y publicidad oficial a los medios comunitarios, para equiparar su financiamiento con el de los medios privados. La legislación crea además un fondo de ayuda gubernamental para financiar a los medios comunitarios, según la SIP.
El organismo consideró que esta propuesta es “un eslabón más de un gran andamiaje legal, por medio del cual el gobierno de Hugo Chávez quiere dominar y controlar todo tipo de medios e información”.
“Las autoridades de la SIP permanecerán alertas y denunciarán cualquier sesgo que pueda tener el gobierno para la distribución de licencias de radio y televisión comunitarias sin procesos claros y equitativos, la asignación de recursos de publicidad estatal y la creación de bocas de propaganda que pudieran tener un trasfondo político dentro del marco electoral que vive el país”, afirmó en un comunicado.
