El presidente boliviano Luis Arce y líderes políticos celebraban el lunes una cumbre promovida por el Tribunal Supremo Electoral que busca “blindar” las elecciones presidenciales de agosto.
El presidente de la institución electoral, Óscar Hassenteufel, pidió al inicio de la reunión un apoyo no sólo moral sino “real” de todos los actores políticos e instó a la Asamblea Legislativa a buscar una ley para que todos los actos del calendario electoral “no puedan ser retrotraídos por ninguna autoridad del país”.
El gran ausente del encuentro fue el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien perdió el liderazgo del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y está atrincherado en el Chapare, en el centro de Bolivia, desde hace cuatro meses. El nuevo líder del MAS, Grover García —afín a Arce— asistió con gran apoyo de sus simpatizantes.
El exmandatario anunció su postulación hace más de dos años y enfrenta varios obstáculos para presentarse como candidato tras una fuerte disputa con los seguidores de su heredero político, Arce.
Morales asegura estar habilitado aún después de un fallo constitucional que permite sólo dos períodos presidenciales consecutivos o discontinuos.
Sobre el exmandatario —quien busca una sigla partidaria para participar en las elecciones— pesa una orden de detención para que declare en un caso de presunto abuso de una menor.
Dirigentes, políticos opositores y analistas han alertado que las elecciones corren riesgo de retrasarse por la experiencia en los comicios judiciales, que se postergaron por un año después de recursos legales interpuestos por algunos candidatos. Finalmente se celebraron en forma parcial y quedaron sin renovar cinco altos jueces del Tribunal Constitucional de un total de nueve.
“Morales... está amenazando con llegar hasta La Paz con sus simpatizantes para inscribir su candidatura, a pesar de estar inhabilitado por un fallo constitucional”, dijo el analista constitucional Williams Bascopé a The Associated Press.
Agregó que “puede recurrir a fallos legales y también a convulsionar el país y así retrasar las elecciones”.
Entre los pedidos del órgano electoral está también que se garantice un sistema de conteo rápido para que no haya cuestionamientos a la imparcialidad después del escándalo de 2019, cuando Morales buscó un cuarto mandato.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció un fraude en los comicios que favorecían a Morales, lo que desató un estallido social que obligó a su renuncia. En las protestas postelectorales perecieron 37 personas.
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