A un año del comienzo de las manifestaciones que se registraron en 2014 contra el gobierno de Nicolás Maduro, 60 de las 3.517 personas detenidas por protestar siguen privados de libertad y sin que hayan sido escuchadas por la justicia.
“En todos los casos hay retardo procesal”, dijo a la Voz de América Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano (FPV), que ha hecho seguimiento y asistido judicialmente a varios de los detenidos.
Del total de manifestantes detenidos, 286 personas quedaron presas y a lo largo de doce meses han sido liberadas 226.
“En la mayoría de los casos las personas no llegan a juicio. Los encarcelan y los liberan luego de meses, sin haberlos siquiera oído”, denunció Romero.
De los 60 casos, 58 están en un limbo judicial.
“No han sido acusados, las audiencias se difieren siempre”, explicó Romero.
Solo dos personas han sido acusadas tras haber admitido los hechos por los que fueron detenidos.
El FVP ofreció un balance de las muertes registradas durante las protestas del año pasado.
Si bien la cifra inicial de personas fallecidas en protestas reportada por la prensa y las instituciones del Estado fue de 44, el FPV señaló que en realidad son menos.
“35 personas fueron asesinadas durante las protestas. Los otros casos no se encuentran relacionados con las manifestaciones", explicó Romero.
De los 35 asesinatos, 16 casos fueron víctimas de "violación de derechos humanos", según Romero.
"[Se trató de] funcionarios que dispararon contra ellas, civiles armados o colectivos [grupos que apoyan al gobierno]", agregó.
En los otros 19 casos, siete eran efectivos militares.
Las 12 fatalidades restantes ocurrieron por accidentes de diverso tipo durante las protestas.
Sin embargo, tras 12 meses de violaciones de derechos humanos, el FPV no observa una intención clara del Estado venezolano de corregir los errores que propiciaron estos hechos.
“Desde la Presidencia de la República, de los funcionarios que tienen el mando y la supervisión de los soldados no hemos visto una aceptación de que esos crímenes y violaciones a los derechos humanos han ocurrido. Más bien lo que se ha hecho es atacar las denuncias de organizaciones de derechos humanos llamándolos mentirosos, exagerados, sin analizar ninguna denuncia”, alegó Romero.
“Por el contrario, se ha aplaudido la actuación de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales cuando los mismos han venidos siendo denunciados por violación de derechos humanos”, agregó.
El gobierno quiere intimidar a los opositores
Romero calificó como “intimidatoria” la resolución que permite a los efectivos militares para usar armas durante protestas de calle.
“El objeto del mensaje es intimidar, causar temor en la población, y lamentablemente el mensaje pudiese ser también proponerle a los soldados de manera confusa que pueden disparar contra manifestantes, ese es el tema que nos preocupa”, alertó Romero.
Este jueves, tanto seguidores del gobierno de Maduro como opositores han convocado marchas para celebrar el Día de la Juventud y conmemorar un año de protestas contra la crisis socioeconómica que sufren los venezolanos.
Las protestas en 2014 iniciaron a causa de la inseguridad, el desabastecimiento y la escasez, problemas que se han agravado en 2015.
