Siete estados liderados por gobernadores republicanos demandaron el martes al gobierno del presidente Donald Trump para que ponga fin al programa que protege a los inmigrantes que fueron traídosilegalmente a Estados Unidos durante su infancia y que fue iniciado por el expresidente demócrata Barack Obama.
Los estados presentaron la demanda en una corte federal en Texas, en el más reciente giro en una disputa política y legal sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que Trump ha intentado derogar.
Trump dijo en septiembre que pondría fin al programa DACA y eliminaría sus protecciones para los inmigrantes conocidos como "Dreamers", pero dio al Congreso controlado por los republicanos hasta el 6 de marzo para reemplazarlo. Diferencias de política entre Trump y legisladores de ambos partidos impidieron una acción del legislativo.
En tanto, tribunales determinaron que el programa puede seguir vigente por el momento, aunque no se aceptarán nuevas postulaciones.
El programa protege de la deportación a unos 700.000 adultos jóvenes, en su mayoría hispanos, y les otorga permisos de trabajo por períodos de dos años, plazo después del cual deben volver a postular.
Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental argumentaron en la demanda que el gobierno de Obama excedió su autoridad al crear el programa sin una acción del Congreso.
"Nuestra demanda es sobre el estado de derecho, no sobre la sensatez de una política de inmigración particular", dijo en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton. "Texas ha dicho por años que la rama ejecutiva federal carece del poder de otorgar unilateralmente una presencia legal y autorización de trabajo a extranjeros presentes de manera ilegal", agregó.
Gobierno no puede revocar DACA a un mexicano
Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos no puede revocar por el momento la inscripción de un mexicano en el DACA, dijo el martes un juez federal en Seattle, quien solicitó mayor información a los abogados para emitir un fallo preliminar.
Daniel Ramírez Medina, de 25 años, atrajo la atención internacional la semana pasada, cuando el gobierno le canceló su estatus en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y lo puso en procedimiento de deportación, aunque no tenía antecedentes penales.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) restauró el mes pasado el estatus de Ramírez en el DACA, pero le notificó de inmediato que la agencia tenía pensado anulárselo de nuevo porque estaba acusado de tener vínculos con pandillas, aunque un juez de inmigración había determinado que tales acusaciones eran falsas.
Ramírez tiene hasta el 7 de mayo para contestar al último intento del gobierno de revocar su inscripción en el DACA, y una decisión definitiva sería anunciada poco después.
