Una notificación que lleva la firma de la jueza Denisse Bocanegra, del Juzgado Noveno de Control, revoca la prohibición sobre el semanario venezolano Sexto Poder, que impedía la edición, circulación y distribución del semanario.
La notificación firmada por la magistrada Bocanegra, establece que no pueden publicar información que contenga material gráfico o textual los cuales "constituyan una ofensa u/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los Poderes Públicos, y cuyo objetivo sea exponerlos al desprecio o al odio público".
También se prohíbe la publicación de "contenidos vejatorios y ofensivos contra el género femenino" y se ordena retirar los ejemplares que se encuentren a disposición del público con la edición del pasado sábado 20 de agosto, así como cualquier otra publicación que reedite ese contenido.
En respuesta a la decisión, el abogado del semanario, Pedro Aranguren, explicó que los trabajadores se encuentran en el periódico en labores para su publicación el próximo sábado. "Seguiremos firmes, por la calle del medio informando a Venezuela", dijo el abogado.
También Aranguren calificó como un "error garrafal" la persecución contra el director del semanario, Leocenis García, destaca el diario venezolano El Nacional. García se encuentra en la clandestinidad y asegura que no confía en la justicia que le pueda impartir Venezuela en el caso de Sexto Poder.
La jueza Bocanegra decidió prohibir la edición, circulación y distribución del semanario tras la publicación de la edición 20 de agosto, en el cual aparecían varias representantes de los Poderes Públicos, entre ellas la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales; la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, entre otras.
La Fiscalía General de Venezuela acusó a la editora del semanario, Dinorah Girón, quien fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de "instigación al odio”, un delito tipificado en el artículo 285 del Código Penal venezolano, por publicar una portada que mostró a funcionarias del Poder Público en un montaje fotográfico.
La medida fue cuestionada por varias organizaciones de defensa de los periodistas, incluyendo a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que condenó el cierre de Sexto Poder.
"El cierre del 6to Poder y las graves acusaciones contra sus ejecutivos representan actos de censura y un intento de intimidar a otros medios para que no utilicen la sátira en su tarea periodística", afirmó Robert Mahoney, el subdirector del CPJ. "Las autoridades deben levantar la medida cautelar que mantiene clausurado al periódico y todas las acusaciones contra su personal deben ser retiradas".
