La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, viajará esta semana a México y se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en momentos en que se discute localmente una reforma al sector eléctrico y la petrolera Pemex está por cerrar la compra de una refinería en el país vecino.
Meses después de que López Obrador la enviara al Congreso, el lunes arrancaron unos foros de parlamento abierto que se pretende sean la antesala para avanzar en la discusión de una iniciativa legal con la que el mandatario quiere dar marcha atrás a la apertura del sector eléctrico del 2013/14.
La visita de Granholm se da también cuando se espera que esta semana Pemex concrete la compra del 50% de la refinería Deer Park, en Texas, a la angloholandesa Royal Dutch Shell, con lo que se convertirá en la única dueña de la planta, con una capacidad de proceso de crudo de 340,000 barriles por día (bpd).
López Obrador dijo que la idea es conversar con Granholm de "todos los temas" de interés energético entre ambos países, incluyendo la polémica reforma eléctrica, mediante la cual el Gobierno pretende dar el control total del sector a la estatal CFE y garantizar el dominio del Estado sobre las posibles reservas de litio.
"No hay ningún tema intratable o vedado", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, y señaló que dará su opinión sobre la reforma eléctrica a la funcionaria estadounidense "si hace falta y si ella quiere".
Granholm se reunirá también con su contraparte, la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, y con el canciller, Marcelo Ebrard, anunció el gobernante.
La administración de López Obrador ha hecho varios intentos por dar marcha atrás a la profunda reforma energética del 2013/14, que abrió casi por completo a la inversión privada los negocios en electricidad e hidrocarburos y de la que es un férreo crítico, pues asegura que solo debilitó a la CFE y a Pemex.
Inversionistas tanto locales como extranjeros han condenado los cambios en las reglas del juego en el sector energético y advertido que merman la confianza en la seguridad jurídica en el país y ponen en riesgo proyectos de decenas de millones de dólares.
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