El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló las facultades de control del Parlamento sobre otros poderes públicos, entre otros el judicial y el electoral, reduciendo el margen de la oposición para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
El fallo impide la proyectada remoción de 34 magistrados del TSJ por parte de la oposición legislativa, que alega irregularidades en su nombramiento por parte del anterior Parlamento -de mayoría chavista- poco antes de finalizar su periodo en diciembre pasado.
La Corte declaró inconstitucional la revisión que efectuó una comisión parlamentaria sobre la designación de esos jueces, a quienes sugirió revocar. El mismo Comité recomendó reformar la ley que rige al Tribunal.
Las propuestas fueron aprobadas por el Parlamento, acordando que su implementación será considerada en las próximas sesiones legislativas.
El presidente de la Asamblea Nacional, (AN) Henry Ramos Allup acusó el martes al "chavismo" de utilizar la justicia del país para "amputar las facultades del poder legislativo".
Este miércoles la directiva de la AN dijo que seguirá investigando a funcionarios civiles y militares por supuesta corrupción y narcotráfico, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla la Asamblea con una amplia mayoría calificada, anunciará el jueves el camino legal que seguirá para deponer al presidente. Entre otras opciones se ha planteado convocar a un referendo revocatorio o a una Asamblea Constituyente.
"Estamos en presencia de un golpe de estado, están sacando del camino a un poder público" dijo a la agencia AFP, el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón.
El experto constitucionalista Juan Manuel Rafalli sugirió que la oposición centre su batalla en el campo político "porque en el institucional la tiene perdida".