El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó el lunes la disposición de su gobierno de otorgar asilo a la destituida fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, que llegó a Colombia el 18 de agosto con su esposo, el diputado disidente del oficialismo, Germán Ferrer, después de que autoridades de su país ordenaran su detención por presuntamente dirigir una red de extorsión de la Fiscalía.
Santos precisó a través de su cuenta de Twitter que Ortega Díaz cuenta con la protección de su gobierno.
El fiscal Tarek William Saab reaccionó a esa postura del gobierno de Colombia, catalogándola de “cínica”. Afirmó que se trata de una medida que “protege la corrupción y el delito en Venezuela” y que Bogotá se ha convertido en centro de “la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela”.
La destituida fiscal y su marido, abandonó Venezuela poco después de que la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por partidarios del presidente Nicolás Maduro, aprobara el allanamiento de su esposo, el ex diputado oficialista Germán Ferrer y autorizara al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo por presuntos delitos que van desde extorsión hasta lavado de dinero.
El retiro de la inmunidad del legislador se concretó horas después de que el máximo tribunal, también controlado por el gobierno, ordenara la captura de Ferrer por supuestamente dirigir una red de extorsión que operaría desde el Ministerio Público. La oposición consideró la medida como una “escalada de la persecución” contra los sectores adversos al gobierno.
Ortega Díaz no ha hablado desde su llegada a la capital de Colombia, pero antes de abandonar su país declaró que las acusaciones contra su marido eran una retaliación por su decisión de romper con el gobierno, luego de acusar a Maduro de ser cada vez más autoritario y denunciar la corrupción extendida entre los colaboradores más cercanos del gobernante.
La destitución de Ortega Díaz por la Constituyente ha sido denunciada por decenas de gobiernos extranjeros.
El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, ha dicho que se presume que Ferrer encabezaba una “banda de extorsión” —que incluía a otros funcionarios de la Fiscalía— vinculada con delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero. Desde 2016 los involucrados habrían recibido más de seis millones de dólares de empresas vinculadas al sector petrolero y otras áreas.
La Constituyente, que se instaló a comienzos de agosto, se ha declarado con poderes sobre todas las demás ramas del Estado, incluida la Asamblea Nacional, y se ha atribuido facultades judiciales y penales. Sus miembros han prometido castigar a los líderes opositores que promuevan protestas contra Maduro.
AP
