La organización CASA acompañada por un bufete de abogados y el Comité de Abogados de Washington por los Derechos Humanos salieron al frente para desafiar la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los salvadoreños en Estados Unidos y exigir que sus derechos sean escuchados en corte.
Para ello presentaron una demanda el pasado mes de marzo, dos meses después que el gobierno estadounidense anunciara el fin del TPS para El Salvador, con el propósito de que se reinstaure el amparo migratorio, que a nivel nacional protege de la deportación a cerca de 200.000 salvadoreños.
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Según el asesor legal de CASA, el abogado Nicholas Katz, el gobierno presentó una solicitud para "rechazar el caso” sin dar la oportunidad a los inmigrantes afectados de exponer sus historias.
“Nosotros creemos firmemente que estamos en el lado correcto de la ley en este caso. La decisión de la administración Trump de poner fin al TPS para los salvadoreños sigue un claro patrón racial y no ha sido tomada después de un análisis serio sobre la situación del país receptor, ni de su impacto en las familias afectadas”, dijo a la Voz de América el abogado.
“Usted puede ver las declaraciones que hace el presidente, que muestran su claro prejuicio contra todos los inmigrantes, pero particularmente contra los latinos. Puede ver la presión que se aplicó a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional para terminar el TPS para Honduras y se aplicó una presión similar para que también termine en El Salvador”, agregó el abogado Katz.
Después de seis meses de espera, una Corte Federal de Distrito en Maryland escuchará los testimonios de personas beneficiadas con el TPS que tratarán de explicar al juez las razones por las cuales el gobierno del presidente Trump no debe acabar con un programa que les ha permitido contribuir a este país por cerca de 20 años.
Sobre la audiencia organizada para el 12 de septiembre en Maryland, el abogado representante de CASA aseguró que "estamos al inicio del proceso y espero que el juez nos permita seguir adelante en el caso”.
La demanda solo involucra a los salvadoreños que son miembros de CASA, pero como explicó el abogado, si se logra una victoria en el fallo se crearía un “precedente positivo” para otros países afectados como Honduras y Haití que decidan o que ya han presentado una demanda contra la decisión del gobierno.
“Ciertamente, la victoria en nuestro grupo tendría un impacto positivo en todos esos casos”, aseveró Nicholas Katz.
"Acusar al presidente Trump de racista es repugnante e imprudente"
Pero, no todos piensan como este grupo de abogados que acompañan a los inmigrantes salvadoreños de CASA en esta demanda.
Para el abogado John Kiyonoaga, experto en asuntos legislativos, usar el argumento de discriminación racial para lograr que se mantega el TPS es “contraproducente”.
“Acusar al presidente o al partido republicano de ser racista es repugnante e imprudente porque una vez que yo escucho este insulto dejo de hacerle caso al que esté hablando”, dijo a la Voz de América el abogado Kiyonoaga.
Para este hombre de leyes, culpar al presidente Trump “no tiene sentido” y en términos legales no encuentra alguna forma de impedir que el programa del TPS termine.
“No veo que una corte pueda impedir que el presidente haga lo que decida hacer, eso no quiere decir que un juez, especialmente, demócrata no haga el intento de frenar al presidente por una falta de simpatía política, pero en términos técnicos y legales, el presidente es el único que tiene autoridad para decidir si pone fin o extiende el TPS”, aseguró el abogado Kiyonoaga.
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Al mismo tiempo, el abogado reconoció que en términos humanos y políticos es “imprudente” obligar a los amparados por el TPS, a regresar a sus países porque los beneficiados con el amparo migratorio son inmigrantes que han cumplido con la ley y están registrados bajo las leyes de Estados Unidos.
Video: Consecuencias del fin del TPS
Además, indicó Kiyonoaga, que países como El Salvador, no están preparados para recibir a tantos connacionales porque “tiene sus propios problemas”, por lo que sugiere que la solución a corto plazo sería extender el programa para dar tiempo a que se consigan cambios en las complicadas leyes de inmigración.
¿Cómo está el TPS?
El gobierno de EE.UU. canceló el TPS para los salvadoreños en enero de 2018 y otorgó 18 meses de extensión para facilitar una transición ordenada que vence el nueve de septiembre de 2019.
Según el gobierno estadounidense las condiciones por las cuales se otorgó el amparo migratorio a los salvadoreños ya no existen, en referencia a la devastación que dejó el terremoto de 2001 en el país centroamericano.
La misma situación atraviesan los hondureños a quienes se les vence el TPS el próximo cinco de enero de 2020. Para Nicaragua, el TPS vence el cinco de enero de 2019.
Varios grupos y organizaciones han presentado demandas en diversos estados con el objetivo de lograr que se reinstaure el Estatus de Protección Temporal, pero hasta el momento no se ha producido un fallo final.
En Boston, el pasado mes de julio, un juez permitió que continúe una demanda contra el gobierno por la cancelación del programa de amparo migratorio al no aceptar una petición del gobierno para desestimar el caso.
