El abogado del presidente Donald Trump descartó categóricamente la posibilidad de que su cliente tenga una entrevista con el fiscal especial Robert Mueller.
En una entrevista en el programa ‘Fox News Sunday, Rudy Giuliani calificó al fiscal especial como una broma y dijo que tendrían que “pasar sobre mi cadáver”.
Mueller, quien está investigando los posibles lazos entre la campaña del presidente y Rusia, ha pedido repetidamente entrevistarse con Trump.
El mes pasado, la Casa Blanca envió por escrito las respuestas a las preguntas del fiscal especial sobre la posible interferencia rusa. La Casa Blanca se ha resistido a responder cualquier tipo de pregunta relacionada con una presunta obstrucción de la justicia.
Giuliani también menospreció las acusaciones del anterior jefe de campaña de Trump, Michael Cohen, quien dijo que mientras era candidato, Trump ordenó pagos para acallar a mujeres que aseguraban haber tenido encuentros sexuales con el presidente para evitar dañar la campaña electoral.
Giuliani dijo que Cohen era un “mentiroso compulsivo”.
“¿Cuál es la verdadera?”, dijo Giuliani sobre las versiones enfrentadas de Trump y Cohen. “Creo que sé cuál es la verdad. A menos que seas Dios, nunca sabrás que es cierto”.
Trump y Giuliani también han acusado a los fiscales de intimidar a los socios del presidente para que den declaraciones falsas.
“Recuerden, Michael Cohen se volvió una ‘rata’ solo después de que el FBI hiciera algo que fue completamente impensable e inaudito, la Caza de Brujas que comenzó ilegalmente”, tuiteó el presidente Trump, “¡Irrumpieron en la oficina de un abogado!”.
No fue así. El FBI obtuvo una orden de registro por parte de un juez y realizó una redada a a la casa de Cohen, su oficina y un cuarto de hotel en abril, donde confiscaron registrados sobre una variedad de asuntos, entre los que estaba el pago de 130,000 dólares que Cohen hizo a la actriz porno Stormy Daniels. La solicitud de la orden fue aprobada en el Departamento de Justicia.
Los fiscales han dicho que Trump ordenó a Cohen antes de la campaña del 2016 que organizara los pagos para comprar el silencio de Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDough. Los fiscales federales de Nueva York dicen que los pagos son equivalentes a contribuciones ilegales a la campaña porque se realizaron en el momento culminante de la temporada electoral para evitar que los votantes se enteraran de las supuestas infidelidades de Trump.
“Si hay otro objetivo, no es una contribución a la campaña”, dijo Giuliani a ABC. “Imagine que el hubiera tratado de usar los fondos de la campaña para pagarle a Stormy Daniels. No sería ilegal. No son contribuciones a la campaña”.
El pago para guardar silencio no fue aparecía inicialmente en los documentos financieros de la campaña y, en cualquier caso, superó con creces la cantidad legalmente aceptable para las contribuciones en especie. El límite federal para contribuciones individuales es de $ 2,700.
El representante Elijah Cummings, el líder demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y quien probablemente sea su presidente en enero, dijo que quería que Cohen declarara ante el Congreso sobre lo que dijo a los fiscales. Mientras tanto, la senadora republicana y un importante apoyo de Trump, la senadora Susan Collins de Maine, reconoció en CNN que "no fue una buena semana para el presidente Trump" e instó "a que se permita que el fiscal especial complete su investigación sin impedimentos".
Precedentes legales
Trump comparó su situación con la del presidente Barack Obama durante la campaña del 2008. La Comisión Federal Electoral, que generalmente maneja con sanciones civiles las pequeñas infracciones de financiación de campaña cuando las acciones no son voluntarias, multó a la campaña de Obama con $375,000 dólares por violaciones civiles regulatorias.
Las multas se debieron a que la campaña no informó a tiempo en los últimos día de la campaña de un lote de contribuciones que llegó casi a los 1.9 millones de dólares.
Sin embargo, analistas legales dicen que las acusaciones contra Trump podrían constituir un delito grave porque giran en torno a una supuesta conspiración para ocultar los pagos de los informes de contribución a la campaña y también de los votantes. No está claro qué harán los fiscales federales de Nueva York si llegan a la conclusión de que existe evidencia de que Trump cometió un delito.
Trump aún no ha llegado a dar una defensa detallada, aunque posiblemente podría argumentar que los pagos no se hicieron con el propósito de hacer avanzar su campaña, sino más bien para evitar que surgieran historias que pudieran ser humillantes para él y dañar su matrimonio.
Ese argumento fue usado por el exsenador John Edwards, un demócrata de Carolina del Norte, en un caso similar de financiamiento de campaña que fue a juicio. No obstante, puede ser más difícil para Trump de lo que fue para Edwards, dada la proximidad del pago a la elección del presidente, un calendario que, a primera vista, sugiere un vínculo entre el dinero y sus ambiciones políticas.
Sin embargo, los casos no siempre son fáciles, como lo demuestra el juicio de Edwards en el 2012. Los jurados absolvieron a Edwards con un cargo por aceptar contribuciones ilegales a la campaña, pero no pudieron llegar a un veredicto sobre los cinco cargos restantes, incluida la conspiración y hacer declaraciones falsas. Los fiscales eligieron no volver a llevar a juicio a Edwards, quien fue el candidato a la vicepresidencia demócrata en 2004.
