Rusia ha intensificado en las últimas semanas sus esfuerzos para difundir informaciones falsas en las redes sociales con el objetivo de condicionar a los votantes estadounidenses en las inminentes elecciones en Estados Unidos.

Dos informes, uno de Microsoft y uno de la firma de ciberseguridad Recorded Future, señalaron este aumento que busca cambiar la percepción pública. Según Ben Dubow, del Center for European Policy Analysis, Moscú busca alimentar la división.

“Sembrar sentimientos antigubernamentales sin ningún objetivo realmente constructivo. No se trata tanto de promover la cosmovisión rusa o las políticas de Rusia, sino más bien de poner a los estadounidenses unos contra otros.”

En particular, Rusia ha ayudado a amplificar y difundir afirmaciones falsas y engañosas en Internet sobre los recientes huracanes en Estados Unidos, pintando la respuesta del gobierno de Joe Biden como incompetente y corrupta.

Así reportan dos nuevos informes publicados el martes. Para los expertos, Rusia busca exacerbar problemas existentes para condicionar el resultado electoral y facilitar un cambio de poder en la Casa Blanca.

Según Ben Dubow:

“Rusia se encuentra actualmente en un estado de guerra activa. Por lo tanto, es vital para la política exterior de Rusia tratar de conseguir un presidente estadounidense que sea más receptivo a una resolución temporal del conflicto, más acorde con los intereses rusos”.

Si Rusia logra persuadir a suficientes estadounidenses para que se opongan al apoyo de Estados Unidos a Ucrania, eso podría facilitar el camino para una victoria de Moscú.

Para un informe de Cyabra, una empresa tecnológica israelí:

“Las afirmaciones falsas, que van desde el desvío de fondos por parte de FEMA para ayudar a los migrantes hasta teorías conspirativas sobre la manipulación del clima, socavan la confianza pública en el gobierno.”

También China e Irán están difundiendo informaciones falsas antes de las elecciones. Países que buscan difundir el caos, según expertos, dirigiendo ataques mirados contra legisladores y funcionarios del gobierno.

Los tres países han rechazado las acusaciones.