Los obispos chilenos iniciaron el lunes una asamblea extraordinaria para tratar los escándalos de abuso sexual y encubrimiento que afectan a la iglesia local y buscar caminos que los ayuden a salir de la peor crisis de la historia de la institución.
La severidad del problema se agravó hace una semana cuando el fiscal Emiliano Arias citó al arzobispo de Santiago y cardenal, Ricardo Ezzati, a declarar en un proceso judicial como imputado por presunto encubrimiento de abusos sexuales a menores de edad.
La citación al arzobispo y cardenal como imputado es una acción judicial inédita en Chile.
Ezzati no habló al llegar al balneario de Punta de Tralca, 120 kilómetros al noroeste, donde los obispos estarán hasta el viernes.
Arias lo convocó para agosto por el posible encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por Óscar Muñoz, quien fue su canciller hasta enero último y está bajo prisión preventiva por seis meses por los cargos de al menos cinco abusos sexuales reiterados y estupros. Ezzati era el jefe directo de Muñoz.
El fiscal declaró el lunes que Francisco dijo en una carta a los obispos chilenos en abril que los investigadores papales de los abusos eclesiásticos chilenos "establecen dentro de las grandes anomalías que ellos pudieron detectar precisamente la destrucción de antecedentes por parte de quienes se encontraban a cargo de los archivos".
"Damos por verdadera esa aseveración y eso es materia de investigación", añadió.
Sobre lo que puede esperar de la asamblea, Juan Ignacio González --obispo de San Bernardo, al sur de Santiago-- dijo que no hay nada definido. "Es la primera vez que nos reunimos después de la reunión de abril, entonces tenemos que conversar, vernos entre nosotros".
González contradijo a varios colegas que han señalado que sí se han reunido con los feligreses y entre ellos.
Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal, dijo que tras la citación del papa a Roma en abril "hemos venido trazando un camino de discernimiento para asumir los desafíos que él nos plantea". Ramos y González son miembros del Comité Permanente.
Ramos descartó conocer redes de encubrimiento de abuso sexual.
La ley chilena no obliga a los curas a denunciar ante los tribunales de justicia, pero sí a iniciar una indagación canónica, cosa que en muchos casos locales tampoco se hizo o se concretaron después de años.
Los 31 obispos chilenos activos renunciaron en abril en El Vaticano luego de reunirse con el papa, quien los acusó de no ocuparse de los niños abusados sexualmente y, por el contrario, de dañarlos más, de romper documentos comprometedores, de preocuparse por sí mismos y alejarse de los feligreses.
Francisco ya aceptó la renuncia de cinco y nombró administradores apostólicos en las diócesis vacantes.
Se esperaba que la renuncia de Ezzati fuera aceptada después de septiembre, aunque algunos analistas como Marcial Sánchez creen que Francisco deberá apurar la salida del cardenal.
Desde hace un par de meses casi todas las semanas surgen nuevas acusaciones de encubrimientos de abusos, la mayoría mantenidos en silencio por los obispos que se amparan en que la ley canónica y civil no los obliga a denunciar.
Un detallado informe de la Fiscalía Nacional del lunes pasado señala que al menos 266 personas, en su mayoría niños, fueron agredidas sexualmente por curas, religiosos de varias congregaciones y un puñado de laicos vinculados a escuelas, donde sucedieron la mayoría de las agresiones de 1960 a la fecha.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbot, precisó recientemente que por más de un centenar de víctimas son investigadas 68 personas --son investigadas --tres obispos, 31 sacerdotes, dos diáconos, y 22 miembros de congregaciones, especialmente maristas y salesianos como Ezzati-- ocho laicos y otros dos de quienes se desconocen detalles.
