Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, amaneció el viernes sin transporte público, con las labores escolares suspendidas y los comercios y oficinas cerradas por un paro regional en rechazo a los resultados de un censo de población que le adjudica menos habitantes a los proyectados, lo que afectará el reparto del presupuesto nacional.
“Este censo es un robo a nuestra región y este paro es una expresión de rechazo y disconformidad”, dijo el dirigente cívico Fernando Larach quien llamó a los vecinos de la ciudad a “permanecer en sus casas para que la protesta sea contundente”.
Según los dirigentes, los resultados restan al menos 300.000 habitantes a la región respecto de la proyección del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).
No obstante, los vuelos eran normales desde esa ciudad.
También los alcaldes de La Paz y la vecina El Alto, la segunda región más poblada del país, han mostrado su inconformidad con los resultados conocidos la semana pasada y han pedido una “revisión técnica”.
“No puede ser que en 12 años El Alto sólo haya crecido en 12.000 habitantes”, dijo la alcaldesa Eva Copa.
El presupuesto nacional se reparte con base en indicadores demográficos a las nueve regiones del país para los programas de salud, educación y otros. Además, según la población se asignan las diputaciones a las regiones, un punto clave en el equilibro político regional, según los expertos.
Santa Cruz maneja el poder económico del país y en La Paz radica el poder político, lo que es tema de permanente fricción entre el oriente y el occidente del país.
Según los resultados del censo, Bolivia tiene 11,3 millones de habitantes. El INE había proyectado más de 12 millones hace 12 años, cuando se hizo el último censo.
El presidente Luis Arce ha defendido los resultados. “Hay que ser claros acá, si no hay un fundamento técnico, esto (críticas) se convierte en un tema político”, dijo hace poco al señalar que organismos especializados de Naciones Unidas han apoyado el censo realizado hace un año.
A su vez, el director del INE Humberto Arandia atribuyó los resultados menores a los esperados a un descenso de la natalidad y a la mortalidad por el COVID-19. “La fecundidad por mujer cayó, lo que resultó en 350.000 nacimientos menos a los proyectados”, dijo.
El tema desató un cruce de picantes declaraciones entre el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y la diputada opositora Luisa Nayar.
“Las nuevas generaciones tienen menos hijos, la gente que reclama en las calles, la diputada Nayar por ejemplo, que dice que no hemos crecido, no tiene ningún hijo", dijo en declaraciones públicas el ministro. Nayar las calificó de atrevidas y misóginas para justificar “un gigantesco fraude censal”.
El Alto, que ocupa el segundo lugar en población, prevé perder un equivalente a más de cinco millones de dólares anuales en su asignación presupuestaria por un menor crecimiento demográfico al proyectado, según la alcaldesa Copa.
El rechazo al censo se suma a otras demandas sociales como la escasez de combustibles y dólares así como el encarecimiento del costo de vida que están presionando al gobierno.
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