El periódico venezolano La Verdad operó hasta hace cuatro años con decenas de periodistas, fotógrafos y diseñadores gráficos. La falta de materia prima, la crisis integral del país y la ola de migración forzó su evolución exclusiva a su versión digital, con apenas una docena de empleados.
Su historia es similar a la de al menos 70 diarios del país suramericano que en los últimos tiempos dejaron de circular en sus ediciones impresas, con redacciones reducidas, dedicadas a publicar informaciones solo en Internet, en medio de carencias de papel periódico y presiones gubernamentales.
“No estábamos preparados”, admite Reyna Carreño, periodista con 22 años de experiencia, quien hasta la semana pasada fue jefa de redacción de La Verdad. “Fue un proceso atropellado”, cuenta a la Voz de América, sobre la evolución del modelo informativo y de negocio de la prensa hacia sus versiones digitales.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) reportó que 68 periódicos dejaron de circular en toda Venezuela desde 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia. En Zulia, seis periódicos circulaban en sus versiones impresas. La Verdad, Panorama, Qué Pasa, Versión Final, El Regional del Zulia y Mi Diario cesaron sus operaciones y se decantaron por operar en Internet y redes sociales.
El peor año para la prensa escrita fue 2018, según la oenegé Espacio Público. En esos 12 meses, 40 periódicos cerraron y 13 redujeron sus ediciones. Hasta 10 de los 23 estados del país, más el Distrito Capital, no tienen hoy diarios impresos.
Heilet Morales, quien ejerció como subdirector de información de Panorama, un diario con 104 años de historia, subraya que “el comienzo del fin” de la prensa escrita en Venezuela comenzó cuando el gobierno nacional monopolizó la importación de papel periódico con su corporación Alfredo Maneiro.
“La extinción de los periódicos es un hecho consumado en medio de una estrategia diseñada desde el poder para hacer casi desaparecer a la prensa libre e independiente, para atacar a la libertad de expresión, a la libertad de información y a la propiedad privada”, comenta el comunicador a la VOA.
El colapso de la economía y de los servicios públicos, como la electricidad, formó “un cóctel explosivo” que minó la circulación de los impresos, dice.
Y, mientras especialistas independientes y el mismo gobierno nacional hablan de un nuevo momento económico para Venezuela, en 2022, la falta de personal calificado se antoja como un reto para los diarios que pudieran contemplar sus eventuales retornos a calles y quioscos en su edición más tradicional.
“Técnicamente, no hay personal. No hay profesionales como para hacer un periódico impreso, más allá de si podría haber una posibilidad económica (de obtener papel periódico suficiente). Es muy difícil conseguir a alguien con algo de experiencia” en el campo periódico, advierte Carreño, por su parte, a la VOA.
Generación de relevo
La crisis económica, política y social es evidente en las universidades venezolanas que han adelantado esfuerzos para sobrevivir ante los bajos presupuestos y los atentados contra la autonomía universitaria, una situación que impacta negativamente a la generación de relevo.
“Mientras los centros de estudio público no cuenten con presupuesto justo, equipos, recursos para la investigación y sueldos decentes para los profesores debemos ser pesimistas”, alerta Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas.
Pero a pesar de los escenarios poco alentadores, aunque con un “volumen distinto”, la carrera de Comunicación Social sigue presentando una “alta demanda” en la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las más importantes del país.
“Si hace unos años había 20.000 estudiantes queriendo entrar, ahora hay 10.000 para los mismos 200 cupos que tenemos. La partida y los presupuestos que tenemos son los mismos, entonces no hay una mayor cantidad de profesores para dar más cupos a los estudiantes”, explica Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la UCV.
Sin embargo, añade que la movilidad es “grande”; muchos estudiantes inician la carrera y “no pueden continuar por razones económicas” y el contexto país que los ha llevado a formar parte de los más de 6 millones de venezolanos que, según ACNUR, han abandonado Venezuela en los últimos años.
Una estudiante de octavo semestre Comunicación Social que prefirió no ser identificada admitió que días atrás se fue “temporalmente” del país.
Por lo pronto, continuará sus estudios a distancia, pero no tiene claro si volverá para terminar su último semestre. “El panorama es tan incierto que te lleva a tomar estas decisiones. Vamos a ver”, apunta.
En Zulia, el estado más poblado de Venezuela hasta la ola migratoria dela última década, hay tres universidades que ofrecen licenciaturas de comunicación social en sus menciones impreso, audiovisual y publicidad y relaciones públicas.
“Cuesta arriba”
Cárdenas, del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, reitera que la desaparición de los medios impresos en Venezuela “es un hecho”. Los pocos que aún circulan “están limitados en el tiraje y número de páginas”.
Sin precisar cuáles, advierte que algunos de los diarios que migraron plenamente a su versión digital han puesto sus imprentas a la venta.
Aquel cese de operaciones para imprimir y vender diarios “implicó el despido del personal que laboraba en los medios. Muchos de los colegas periodistas y trabajadores periodistas han migrado, no tenemos la cifra exacta, pero estamos trabajando en función de una gran investigación en esa materia”, detalla.
Cárdenas expone que, al igual que otros sectores, los periodistas y medios de comunicación están sometidos a un “vulnerabilidad económica” exacerbada tras la llegada del COVID-19 al país.
“Podemos decir que actualmente existe una desprotección laboral producto de esta crisis económica y el periodista venezolano, en gran medida, se ha venido convirtiendo en una especie de emprendedor, en medio de una precariedad laboral y empobrecimiento muy grave”, afirma.
Pensar en la reactivación de las imprentas implica adecuar máquinas, “grandes inversiones” y la composición de personal formado y capacitado para ello, una situación “nada fácil” resalta Cárdenas, mientras añade que la formación en las universidades no está orientada a esa “disciplina del periodismo”.
“La situación es cuesta arriba”, insiste, al recordar que, entre otras cosas, las flotas de transporte de los medios impresos “ya no existen”.
Periodismo con reservas
Ejercer periodismo en Venezuela resulta cada vez más complejo; la censura y la imposibilidad de tener acceso a la información pública son algunos de los obstáculos presentes en el hostil ambiente que se ha ido creando conforme han pasado los años.
El temor ante posibles represalias forma parte del día a día de los periodistas que, constantemente, ante las posibilidades de enfrentar represalias, se cuestionan si divulgar información que puede resultar “incómoda” a sectores de poder.
Un reciente estudio del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) evidencia la preocupación de los trabajadores de la prensa que, como consecuencia de la crisis económica y la persecución, han migrado a medios digitales, que también deben sortear constantes amenazas, bloqueos y otras dificultades para informar libremente.
Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPYS, alerta sobre la importancia de que los trabajadores de la prensa denuncien las vulneraciones a sus derechos para que la impunidad no resulte favorecida.
“Es sumamente importante visibilizar cómo se está coartando el ejercicio periodístico en el país, cómo se está vulnerando la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país y eso es posible a partir de los testimonios de estos periodistas que se han visto afectados”, comenta a VOA.
Otra investigación de IPYS, titulada Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela, advirtió que la mitad de la población, casi 14 millones de ciudadanos, vive en zonas donde no hay suficiente información local.
IPYS insiste, además, en el que Estado venezolano debe asegurar las condiciones necesarias para que los trabajadores de la prensa puedan ejercer su labor sin “presiones, riesgos ni amenazas”.
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