Las rutas migratorias en América Latina han tenido un tráfico histórico durante los últimos años, especialmente la pantanosa selva en la frontera entre Colombia y Panamá, conocida como el Darién. La “falta de vías seguras y legales” para migrantes continúa motivándolos a emprender el viaje, según un informe publicado el jueves por Human Rights Watch (HRW).
“Las restricciones de movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por el gobierno de Estados Unidos, han contribuido a un fuerte incremento en el número de personas que cruzan el Tapón del Darién”, establece el documento de 58 páginas.
En el último año, más de medio millón de personas han cruzado el Tapón del Darién, en su mayoría venezolanos, con 440.000 cruces desde enero de 2022, así como haitianos y ecuatorianos.
En EEUU durante el año fiscal 2023, gentes fronterizos tuvieron alrededor de 2,4 millones de encuentros con migrantes irregulares, en su mayoría adultos solteros, según datos de DHS.
“Las dolorosas historias que escuchamos en el Tapón del Darién son el resultado de políticas migratorias fallidas que empujan a los migrantes hacia una selva donde están expuestos a todo tipo de peligros”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HWR.
Para los migrantes no está oculta la realidad de abusos que viven en el área. HRW habló con 300 migrantes, quienes describieron las diferentes maneras en que son explotados en el trayecto “y las falencias en las respuestas de Colombia y Panamá para asistirlos”.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que en entre 2005 y 2020, el número de migrantes en América Latina y el Caribe aumentó en más del doble, pasando de aproximadamente 7 millones a 15 millones.
Sobre el 30 % de las cerca de 1.380 personas entrevistadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados entre julio de 2022 y junio de 2023, reportaron que sufrieron algún tipo de abuso en la selva, incluyendo robos, estafas y amenazas u otros actos de “intimidación”.
HRW denunció que del lado colombiano de la frontera, el grupo armado conocido como el Clan del Golfo, extorsiona a los migrantes y establece qué rutas pueden utilizar a través de la selva. “Si la estimación es correcta, el grupo armado pudo haber obtenido un total de 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023 debido su control sobre la ruta migratoria”, agregan.
La violencia sexual permanece presente en el área, y la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que desde abril de 2021, ha asistido a 950 personas, la mayoría mujeres, que reportaron violaciones en el Darién.
Ernesto Borja, un migrante venezolano de 34 años entrevistado por HRW, contó que mientras cruzaba el Darién con un grupo, fueron emboscados por personas armadas con machetes. “Todos los migrantes los obligaron a quitarse la ropa. Agredieron sexualmente a todos los hombres y mujeres del grupo, diciendo que buscaban dinero”, contó.
La necesidad de tomar nuevas medidas de control
Las recientes acciones del gobierno estadounidense para controlar la migración irregular, como la promoción de restricciones al asilo para quienes no lo soliciten en otros países de tránsito, “en lugar de reducir la cantidad de migrantes y solicitantes de asilo, estas políticas obligan a las personas en tránsito a optar por rutas irregulares y peligrosas”.
Otra estrategia, como la solicitud de una cita en la aplicación CBP One para presentarse en un puerto de entrada, “en es inaccesible para muchos solicitantes de asilo debido a barreras económicas, idiomáticas, tecnológicas, entre otras, que afectan desproporcionadamente a los solicitantes de asilo negros e indígenas”, establece HRW.
La organización sugiere a los gobiernos poner en marcha “un régimen de protección temporal para toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo razonable y renovable”, así como que los gobiernos en México y Centroamérica, garanticen refugio a los migrantes.
La organización encontró que “los requisitos de visado impuestos por los gobiernos de México y Centroamérica contribuyen al aumento de migrantes que cruzan el Darién”, lo que sugiere una relación entre ambas situaciones.
“Los migrantes y solicitantes de asilo tienen derecho a poder movilizarse de forma segura y digna”, señaló Goebertus. “Todos tienen derecho a condiciones básicas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”.
A EEUU, HRW hizo un llamado a “considerar la posibilidad de ampliar el programa humanitario a personas de otras nacionalidades, incluyendo a los ecuatorianos”, así como eliminar el requisito de un patrocinador financiero para acceder.
Además, exhortó a “no presionar a México, a los gobiernos centroamericanos y a otros gobiernos de la región para que establezcan requisitos adicionales de visado”.
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