El gobierno británico ordenó el viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a los Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, un hito, pero no el final de la saga legal de una década.
WikiLeaks dijo que impugnaría la orden y tiene 14 días para presentar una apelación.
La ministra del Interior, Priti Patel, firmó la orden que autoriza la extradición de Assange a los EEUU, donde enfrenta cargos por la publicación de WikiLeaks de una gran cantidad de documentos clasificados.
La decisión fue remitida a Patel después de que un tribunal británico dictaminó en abril que Assange podría ser enviado a Estados Unidos, donde enfrenta un juicio por 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadoras.
Los fiscales estadounidenses dicen que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército de EEUU Chelsea Manning a robar cables diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde, poniendo vidas en riesgo.
El Ministerio del Interior dijo en un comunicado que “los tribunales del Reino Unido no han determinado que sería opresivo, injusto o un abuso de proceso extraditar al Sr. Assange”, por lo que el gobierno tuvo que aprobar la extradición.
“Tampoco han encontrado que la extradición sería incompatible con sus derechos humanos, incluido su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos será tratado adecuadamente, incluso en relación con su salud”, dijo.
Los simpatizantes y abogados de Assange, de 50 años, argumentan que actuaba como periodista y tiene derecho a las protecciones de la libertad de expresión de la Primera Enmienda por publicar documentos que exponen las irregularidades militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Argumentan que su caso tiene motivaciones políticas y que no puede obtener un juicio justo en los EEUU.
“Hoy no es el final de la lucha. Es solo el comienzo de una nueva batalla legal”, dijo la esposa de Assange, Stella Assange. Dijo que la decisión del Reino Unido marcó “un día oscuro para la libertad de prensa y para la democracia británica”.
“Julian no hizo nada malo”, dijo. “No ha cometido ningún delito y no es un delincuente. Es periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo”.
Un juez británico aprobó la extradición en abril, dejando la decisión final al gobierno. El fallo se produjo después de una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema del Reino Unido.
Un juez de un tribunal de distrito británico había rechazado inicialmente la solicitud de extradición con el argumento de que era probable que Assange se suicidara si se le recluía en las duras condiciones carcelarias de Estados Unidos. Posteriormente, las autoridades estadounidenses aseguraron que el fundador de WikiLeaks no enfrentaría el trato severo que, según sus abogados, pondría en riesgo su salud física y mental. Esas garantías llevaron al Tribunal Superior y al Tribunal Supremo de Gran Bretaña a revocar el fallo del tribunal inferior.
[Con información de The Associated Press]
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