Tener acceso a documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos es cada vez más difícil, a pesar de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) que facilita la divulgación de los mismos para fines investigativos e informativos.
Así concluyó un reciente análisis de la agencia de noticias AP al citar que por segundo año consecutivo el número de archivos no entregados, el rechazo de solicitudes y la censura de registros alcanzaron cifras récord.
Las nuevas cifras, publicadas, se refieren a 100 agencias del gobierno durante el año fiscal 2014 y su cumplimiento de la ley de Libertad de Información, presentada a nivel global como un modelo de gobernanza transparente.
Ciudadanos, periodistas, empresas y otras entidades presentaron una cifra récord de 714.131 solicitudes de información. Estados Unidos se gastó un récord de 434 millones de dólares para intentar seguir el ritmo.
El gobierno respondió a 647.142 peticiones, un 4% menos que el año anterior. La cantidad de material censurado al que se negó acceso completo fue más alta que nunca, en 250.581 casos, o el 39% de todas las solicitudes. En ocasiones, el gobierno censuró sólo unas pocas palabras o el número de celular de un empleado, pero otras veces se tacharon casi todos los párrafos de algunas páginas.
En otras 215.584 ocasiones, el gobierno dijo que no podía encontrar los documentos, una persona se negó a pagar por las copias o el gobierno determinó que la solicitud era poco razonable o inadecuada.
En casi uno de cada tres casos, cuando alguien apeló la decisión inicial de censurar o retener archivos, el gobierno reconsideró y admitió que había sido erróneo al menos en parte. Es la mayor tasa de reconsideraciones en al menos cinco años.
El gobierno dijo que su tiempo medio de respuesta a cada solicitud oscila entre un día y 2,5 años. Más de la mitad de las agencias federales tardaron más en responder el año pasado que el anterior.
Este artículo es elaborado con información de AP
