MCALLEN, TEXAS — Por seis semanas, los residentes del sur de Texas observaron con incredulidad como una política de inmigración desgarró a las familias de migrantes en sus comunidades. Tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de revertir el curso, y reemplazar la separación de familias con una política de unidad familiar, muchos residentes dieron un suspiro de alivio.
Cansados de ver las imágenes de niños separados de sus padres, los habitantes del sur de Texas se consolaron ante la posibilidad de que un capitulo oscuro llegara a su fin.
“Todos llegan aquí con el sueño americano, pero mientras permanezcan juntos, creo que es mejor que estar separados”, dijo Patricia Baez, residente en el Valle del Rio Grande, a VOA.
Aunque la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de poner fin a la separación de familias fue recibida como una estrecha victoria humanitaria entre algunos residentes, quedan las preocupaciones sobre asuntos morales y legales (la detención de familias enteras) del plan alternativo de la administración.
Las organizaciones de defensa legal, como lo es el Proyecto de Derechos Civiles de Texas que ha entrevistado extensamente a los padres que solicitan asilo y otros padres separados de sus hijos en un tribunal penal, dicen que su trabajo continuará.
“Me imagino el día que iremos a corte y preguntemos, ‘¿a cuántos de ustedes le quitaron a sus hijos?’ y nadie se ponga de pie, entonces veremos que las familias ya no están siendo separadas”, dijo Efren Olivares, especialista de justicia racial y económica, y director del proyecto de Derechos Civiles de Texas. “Si no lo documentamos, entonces no hay forma de capturar que estas familias fueron separadas”. Se adentran en el agujero negro de la burocracia del sistema de inmigración y ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados) de los Estados Unidos, y no se sabe si se volverán a reunir".
En una noche lluviosa en McAllen, Texas, cientos de residentes interreligiosos se reunieron para orar por los más de 2.000 niños separados a la fuerza de sus padres desde mayo, que aún no se han reunido.
“No nos quedaremos en silencio. Seremos la voz para aquellos que necesitan ser escuchados”, dijo la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas en el Valle del Rio Grande, a una multitud el miércoles.
“Está bien, pero es muy tarde. Hay muchas familias que ya han sido enviadas de nuevo a El Salvador y otros lugares, mientras los niños permanecían aquí sin saber a donde los llevaban”, contó Carmen Silva, una residente de McAllen a VOA.
Otros prometieron responsabilizar al presidente y enviar un mensaje de solidaridad entre la diversa comunidad del sur de Texas.
“A veces esta administración dirá una cosa y hará otra, así que hasta que lo que él diga se haga realidad, es importante venir aquí y asegurarse de que estamos aquí, alzando nuestra voz”, dijo Maraj Kidwai, residente de McAllen.
Por su parte el gobierno de El Salvador agradeció en un comunicado la firma de la orden ejecutiva, al igual que la labor de los organismos, las instituciones y los líderes que denunciaron la situación- Sin embargo, pide al gobierno de EE.UU que defina qué medidas serán tomadas para la reunificación de las familias, la cual consideran que es de vital importancia. También instan a que se les provea de la información necesaria para facilitar que los padres e hijos que fueron separados se encuentren otra vez.
El gobierno del país centroamericano ha estado tomando medidas por su cuenta para garantizar la asistencia y la protección de los derechos humanos de los salvadoreños que se vieron afectados por la política de separación. Tanto la viceministra para los Salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, como la embjajadora del país en EE.UU. visitaron distintos centros de detención. En ellos pudieron comprobar que que hasta el 18 de junio había un total de 93 menores separados de sus familias en McAllen, Houston y Dallas, en el Estado de Texas, y en Tucson, Arizona.