Estados Unidos ve con profunda preocupación las acciones del gobierno venezolano para impedir que el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, participe en la vida pública del país durante 15 años.
Así lo dio a conocer el Departamento de Estado de EE.UU. a través de un comunicado que indica que mantiene permanente observación sobre las manifestaciones del pasado sábado y de hoy lunes.
“Observamos la manifestación pública del sábado, así como las protestas de hoy, y hacemos eco de los llamamientos del pueblo venezolano para unas elecciones rápidas, el respeto de la constitución y la Asamblea Nacional”, explicó el Departamento de Estado.
También pidieron “La libertad para los presos políticos” e instaron a los manifestantes a que se expresen de manera no violenta y que las fuerzas de seguridad del gobierno protejan las protestas pacíficas y no que las eviten.
“La libertad de reunión es un derecho humano universal que las autoridades venezolanas deben respetar”, agregó el comunicado.
“Apoyamos firmemente el consenso del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que afirma que es esencial que el Gobierno de Venezuela garantice el pleno restablecimiento del orden democrático”, apuntó.
En el comunicado, el Departamento de Estado invitó al presidente Nicolás Maduro a reconsiderar la decisión de prohibir a Capriles participar en política.
Además pidió garantizar que los venezolanos puedan ejercer su derecho a elegir a sus representantes en elecciones libres y justas, de acuerdo con la Constitución venezolana y en armonía con los instrumentos internacionales, incluida la Carta Democrática Interamericana.
Continúan las protestas
Miles de simpatizantes de la oposición venezolana volvieron el lunes a las calles del país petrolero para protestar contra el presidente Nicolás Maduro, al que acusan de haber desvirtuado su gobierno convirtiéndolo en una dictadura.
Con banderas de Venezuela y carteles como "SOS ¡elecciones ya!", miles de estudiantes, dirigentes políticos y partidarios de la oposición protestaban en Caracas por quinta vez en 10 días, agravando una crisis política que se reavivó luego que el Poder Judicial se arrogó facultades legislativas.
Como en protestas previas, efectivos de las fuerzas de seguridad impidieron el paso de los manifestantes hacia el centro de Caracas con piquetes y gases lacrimógenos, generando enfrentamientos con jóvenes encapuchados que devolvían las bombas y lanzaban piedras.
A pesar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio marcha atrás a los polémicos fallos, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, sigue sin poder aprobar leyes porque la máxima corte asegura que se encuentra en "desacato".
"Tenemos que salir de este Gobierno tan nefasto. No hay medicinas, no hay comida, lo que hay es inseguridad", dijo César Cáceres, un técnico electricista de 54 años en una plaza de Caracas donde se congregaban los manifestantes. "Seguiremos en la calle porque ya no se puede vivir, hay que luchar".
En la última semana, casi 200 personas han sido detenidas durante las protestas, de las cuales 57 aún se encuentran tras las rejas, según la ONG local Foro Penal.
En otras ciudades, cientos de personas formaban largas filas para firmar un petitorio con el que buscan la renuncia de los siete magistrados del TSJ que aprobaron las controvertidas sentencias.
Diversos gobiernos de América y Europa han pedido a Maduro respetar la separación de poderes, liberar a un centenar de presos políticos y convocar a elecciones generales.
Sin embargo, el mandatario, quien se encuentra en una cumbre en Cuba, ha pedido que cese la injerencia sobre su país.
